26 d’abril de 2018

Dinero, poder y regímenes monetarios por Pavlina R. Tcherneva



RESUMEN  DEL DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 861

El dinero, en este documento, se define como una relación de poder de un tipo específico, como una relación de deuda social estratificada, medida en una unidad de cuenta fijada por alguna autoridad. Un breve examen histórico revela su naturaleza cambiante en el proceso de provisión social, ya que el dinero no sólo es anterior a los mercados y al intercambio real, tal como se entiende en la economía convencional, sino que también emerge como un mecanismo social de distribución, generalmente por alguna autoridad (ya sea una antigua autoridad religiosa, un rey, una potencia colonial, un estado-nación moderno, o una unión monetaria). Se puede decir que el dinero es una “criatura del estado” que ha jugado un papel clave en la transferencia de recursos reales entre las partes y en la distribución del excedente económico.

En las economías capitalistas modernas, la moneda es también un simple monopolio público, y desde sus orígenes, siempre alguien ha intentado manipular su valor. Contar la historia de la falsificación, así como el de la independencia del dominio colonial y económico, es otra forma de contar la historia del “dinero como una criatura del estado.” Esta comprensión histórica de los orígenes y la naturaleza del dinero ilustra las perspectivas económicas según los diferentes regímenes monetarios institucionales del mundo moderno. Se considera que los llamados regímenes monetarios “soberanos” y “no soberanos” modernos (que incluyen monedas de libre flotación, tipos de cambio fijo, juntas monetarias, naciones dolarizadas, y uniones monetarias) examinan el espacio político disponible en cada caso para la consecución de objetivos en política nacional.

Este es el resumen del documento de trabajo nº 861 titulado:  "Money, Power, and Monetary Regimes," de Pavlina R. Tcherneva. Para leer el documento completo en español pincha en el enlace siguiente: 








Traducido por Sandra Soutto y revisado por David Hervás.



8 de febrer de 2018

La ofensiva globalizadora contra los servicios. TiSA

  

Escrito por Sandra Soutto.
Economista y Técnico de Hacienda.


A veces la realidad supera la ficción, y este es el caso del TiSA, conocido también por las siglas ACS, es el acuerdo sobre el comercio de servicios, otro de los tratados de “libre comercio” que negocia la Unión Europea (UE) a espaldas de la ciudadanía. 
  
Cuadro1: Tratados de libre comercio.  Elaboración propia.


Con este tratado, como ocurría con el TTIP (tratado transatlántico de comercio e inversiones entre UE y EEUU), y con el TPP (tratado transpacífico de comercio e inversiones), se pretende otorgar a las multinacionales derechos ilimitados. En este caso para suministrar servicios desde el exterior, de comercio electrónico, financieros, de telecomunicaciones y entregas postales, lo que exigiría limitar las facultades de los gobiernos a reglamentar, para impedir que las obligaciones y controles estatales puedan limitar la obtención de beneficios a las multinacionales. Es decir, el TiSA pondría a disposición de las multinacionales, herramientas jurídicas que le permitirían obtener compensaciones económicas millonarias. 
 Cuadro2: Tratados Desiguales.  Textos de elaboración propia

Pero esto no es nuevo, ya que la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), en 1995 impulsó el Acuerdo General de Servicios (AGCS ó GATS) para mercantilizar servicios como la educación, la salud, el transporte, el acceso al agua y a la energía. Sin embargo, la oposición de los países pobres a mercantilizar actividades imprescindibles para la vida humana y la acción ciudadana han ralentizado las privatizaciones a nivel mundial, hasta que en el 2012 un grupo liderado por países ricos y poderosos, llamado “Really Good Friends of Services”, retomó las negociaciones para acelerar las privatizaciones, evitando así a los países pobres. 


¿Qué son y qué representan para nosotros los servicios?

20 de gener de 2018

Norma Internacional, Ley Nacional, Soberanía y Democracia



por Jacques Sapir

El original en francés del presente artículo será publicado durante el primer trimestre del año 2018 en el nº 14 de la Revue des Juristes de Sciences Po
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El comercio internacional ha asumido un papel cada vez mayor en las relaciones internacionales, decidiendo en gran medida el establecimiento de normas internacionales desde 1945. Se produjo un cambio importante cuando los Estados Unidos se negaron a ratificar la Carta de La Habana [1], que respetaba la soberanía de los Estados. Entonces, el comercio internacional fue regulado por el GATT y luego por la OMC. En este marco, se desarrolló una ideología basada en el trabajo de ciertos economistas y su función era presentar el comercio internacional, y por lo tanto el libre comercio, como un "bien público"[2]. Sin embargo, este trabajo fue cuestionado [3] desde el principio [4]. Esta ideología, y especialmente sus consecuencias institucionales, plantean problemas terribles a la democracia [5]. Además, no se aportaron pruebas que demostraran la eficacia del libre comercio para promover el desarrollo económico [6].


I. Del GATT a la OMC, de la OMC al CETA: una crónica de la expropiación de la soberanía

La sustitución del GATT por la OMC se decidió después de la Ronda Uruguay de 1986. El mandato otorgado a los negociadores fue revisar las principales áreas abarcadas por el GATT y orientarlas en un sentido más favorable al libre comercio. La OMC, que ahora cuenta con 153 países miembros, se fundamenta en acuerdos precedentes, pero los está consolidando con una serie de acuerdos nuevos. Sin embargo, la OMC ha encontrado sus límites con el fracaso de la "Ronda de Doha" [7]. Desde entonces se ha constatado la tendencia a desarrollar acuerdos económicos regionales (la UE o el TLCAN/NAFTA) y acuerdos de libre comercio entre estas zonas de integración como el abortado Tratado del Atlántico Norte (TTIP [8]) o el Tratado con Canadá (CETA) tienden a multiplicarse.

1.1. El principio de los acuerdos internacionales

Aunque la OMC ha establecido un mecanismo de votación para decidir sobre los acuerdos, en la práctica opera por consenso. Es preciso que ningún país se oponga a una medida para que se acuerde. Sin embargo, este método falló. De hecho, la "Ronda de Doha", que debía ampliar significativamente el alcance de las normas impuestas a los estados, fracasó claramente en julio de 2008 [9]. Las negociaciones fracasaron por el persistente desacuerdo entre los países ricos y pobres respecto de las subvenciones agrícolas y el acuerdo de propiedad intelectual (ADPIC/TRIPS) [10]. Este fracaso significó la pérdida por parte de la OMC del control de la agenda de sus negociaciones. Es por eso que hoy se trabaja principalmente con acuerdos entre zonas. No obstante, la OMC representa un paso fundamental en la construcción de normas desvinculadas de cualquier marco de soberanía nacional [11].

En efecto, la globalización es ante todo la de las empresas. La producción masiva implica la presencia en muchos mercados y las empresas multinacionales han presionado por una mayor flexibilidad de las regulaciones del comercio internacional. Sin embargo, una de las lecciones de estos últimos cuarenta años es la permanencia de las culturas técnicas nacionales, que también se acompañan por una permanencia de las culturas de gestión [12]. Algunas de estas diferencias se registran en el proceso histórico del desarrollo de las empresas desde finales del siglo XIX, y en la parte más o menos importante de la intervención del Estado, que siempre ha estado presente.

1.2. Los tratados de 2ª generación y las amenazas que contienen. 
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En este marco el CETA es un acuerdo de libre comercio llamado de 2ª generación [13]. Ataca las normas no arancelarias establecidas por algunos estados para protegerse. Así pues, prohíbe a los estados signatarios discriminar las fuentes de energía en función de sus emisiones de CO2 [14]. También introduce un mecanismo de protección de los inversores, llamado cláusula ICS/ISDS [15]. Desde este punto de vista, forma parte de una ola en la que se incluye también el TTIP [16], un tratado duramente criticado, y obviamente con razón [17]. Las cláusulas ISDS fueron rechazadas por Sudáfrica, India y Brasil. Y además, han sido denunciadas por los representantes del Congreso de los Estados Unidos en el marco del TTIP [18].
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Esta cláusula establece un tribunal de arbitraje que permite a los inversores demandar a un Estado si éste toma una decisión que compromete "las legítimas expectativas en términos de rentabilidad de la inversión", es decir, los beneficios futuros [19]. El número de casos tratados en esta cláusula aumenta regularmente [20]. Disuadirá a los gobiernos que quieran establecer normas de protección. Este procedimiento, que podría resultar muy costoso para los estados, tendrá un efecto disuasorio en el caso de una simple amenaza de pleito. En este sentido, recordemos que en 2011 Quebec retiró la prohibición de un componente de herbicida, del que se sospechaba que tenía efectos cancerígenos, comercializado por Dow Chemical, debido a que la empresa estaba decidida a llevar el asunto ante los tribunales [21]. Aquí hay una clara cesión de los Estados y la creación de unas normas dictadas al margen de cualquier control democrático que suponen el establecimiento de una nueva jerarquía de las normas [22].
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Las amenazas que plantea el CETA se relacionan con la salud pública, el medio ambiente [23] y... la soberanía. Por lo tanto, este tratado amenaza la democracia. Ratificado en el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017, debe ser ratificado por los diferentes parlamentos nacionales. No obstante, se considera parcialmente aplicable incluso antes de su ratificación por los parlamentos nacionales [24]. El 21 de septiembre de 2017 se adoptó provisional y parcialmente el CETA, sobre la materia que es competencia exclusiva de la UE, excluyendo temporalmente la materia cuya competencia es compartida, y por tanto, necesita el voto de los Estados miembros de la UE. Pero aproximadamente el 90% de las disposiciones del acuerdo se aplicarán. Esto constituye una verdadera negación de la democracia política. Asimismo, si un país rechaza la ratificación del CETA, éste continuará aplicándose durante tres años. Es decir, todos los esfuerzos posibles se han realizado para garantizar que este tratado se redacte y aplique al margen de la voluntad de los pueblos. Lo que refleja el hecho de que la "globalización" es ahora una forma de apartar muchos problemas del campo de la política para ser tratados como problemas técnicos. Desde este punto de vista, la Unión Europea ha estado en connivencia con esta lógica.

14 de gener de 2018

PENSIONES CON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL



El equipo de Hetrodòxia Castelló reivindica el sistema público de pensiones como el mejor sistema para distribuir las rentas equitativamente entre la ciudadanía. 


Sin embargo, los modelos implementados por los gobiernos en las últimas décadas han demostrado ser ineficientes a la hora de garantizar a todas las personas los bienes y servicios necesarios para vivir, y es que el problema no es el sistema: es el modelo. 


Porque un estado soberano, capaz de emitir su propio dinero puede garantizar salarios y pensiones dignas a sus ciudadanos, así como unos servicios públicos de calidad, desarrollando políticas expansivas del gasto que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la creación de empleo digno –para combatir la precarización laboral-, y el respeto al medio ambiente.


Para Heterodòxia Castelló el debate no está en el porcentaje en el que se deben incrementar las pensiones o los salarios, sino en el conjunto de políticas que se aplican por el gobierno, como:


· Las políticas migratorias, necesarias para garantizar el equilibrio generacional.

· La lucha contra el fraude laboral y fiscal.

· Limitar la temporalidad laboral a los trabajos que realmente lo requieran.

· Aumentar el alcance y las cuantías de las prestaciones por desempleo.

· Garantizar el pleno empleo de calidad, a través de los programas de trabajo garantizado.

· Recuperar y expandir los servicios públicos, para garantizar su calidad y el justo reparto de la riqueza.