24 d’abril de 2016

TTIP: Declaración de la Sociedad Civil sobre la nueva propuesta de la UE para la Cooperación Reguladora.







 

Estimada Comisaria Malmström,


Las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda preocupación con la nueva propuesta de la UE sobre cooperación reguladora horizontal (fechada el 21 de marzo de 2016) en las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU. La consideramos un peligro para la toma de decisiones democráticas y la regulación en nombre del interés público.

El nuevo documento de posición de la UE sobre “cooperación reguladora y buenas prácticas reguladoras”, ofrece una idea de cómo los negociadores esperan abolir las futuras barreras no arancelarias y barreras técnicas al comercio. Aunque no está clara la forma que tomará tal cooperación, entendemos que la citada propuesta conllevará diversos cambios en los procesos de elaboración de leyes, tanto en la UE como en EEUU.

Esta es nuestra valoración crítica de la nueva propuesta de la UE.

  1. La propuesta permite a EEUU ejercer una influencia indebida en una etapa muy temprana del proceso de toma de decisiones, antes incluso de que cualquier iniciativa pueda ser tenida en cuenta por organismos democráticamente elegidos, tales como el Consejo o el Parlamento Europeo. Si nos atenemos a la experiencia pasada, tal enfoque puede tener un impacto perjudicial sobre la regulación en beneficio del interés público. De la misma manera, menoscaba la democracia.
  2. La propuesta facilita a los grandes grupos empresariales las herramientas que hace tiempo vienen demandando para influir en la legislación, incluido un mecanismo mediante el cual las alianzas empresariales transatlánticas pueden aportar sus propias preferencias al programa de trabajo de la cooperación reguladora. La creación de un grupo consultivo amplio, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil, no evita la institucionalización del derecho a hacer lobby.
  3. La nueva propuesta identifica claramente a la Comisión Europea y a las agencias reguladoras estadounidenses como controladores y actores responsables para la cooperación reguladora transatlántica. La cuestión de cómo esto funcionará en la práctica se pospone hasta después de la ratificación del TTIP y, por tanto, a un momento en el que la atención pública sobre este asunto habrá disminuido. Esto implica una inaceptable toma del poder por la Comisión, refuerza el impacto de EEUU sobre la regulación en la UE y debilita el papel del Parlamento Europeo. Incluso aunque esta propuesta ya no contenga oficialmente un Organismo de Cooperación Reguladora (OCR), sus funciones aún persisten.
  4. La propuesta otorga inmensos poderes a las autoridades reguladoras (la Comisión Europea en el caso de la UE) para decidir sobre el progreso de la cooperación reguladora, incluida la selección de las áreas en las que ambas partes pretenden trabajar conjuntamente.
  5. La nueva propuesta implica la importación de elementos del sistema regulador de EEUU a la UE, entre los cuales se encuentra un papel reforzado de las evaluaciones de impacto mediante análisis coste-beneficio en la fase de planificación legislativa, sin que exista un equilibrio entre el criterio comercial y las cuestiones sociales y medioambientales. Esto podría llevar a la rebaja o retraso de legislación importante de interés público.
Teniendo en cuenta estos cinco puntos, le pedimos que pare y finalice la negociación del TTIP, ya que consideramos que los acuerdos de comercio no son el foro adecuado para decidir sobre las leyes que afectan a nuestros intereses como ciudadanos y ciudadanas.

17 d’abril de 2016

Hablando de mitos.


por Sandra Soutto

La Comisión Europea (CE) tiene en marcha una campaña de concienciación sobre el TTIP (Tratado Transatlántico de comercio e inversión entre EEUU y la UE), dirigido sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, bajo el argumento de que la reducción de "burocracia" en las aduanas les permitirá beneficiarse de un modelo económico exportador. Claro que para exportar es necesario que otros quieran importar, es decir, en este tipo de modelos para que uno gane otro tiene que perder. 

¿Quienes son los perdedores en este modelo? 

Nada se dice de quienes pueden salir perjudicados en este modelo de ganadores y perdedores, ni se analizan los efectos o los riesgos que puede tener este tratado sobre la pequeña y mediana empresa, cuando éstas representan el 99% de las empresas existentes en España y generan el 66% de los puestos de trabajo existentes. Se trata, en su mayoría, de empresas familiares y de reducidas dimensiones que como máximo emplean a cinco trabajadores. Su producción  se dirige básicamente al mercado nacional y aproximadamente sólo un 25% de éstas exportan. La mayor parte de estas exportaciones se destinan a los estados miembros de la UE, y sólo una minoría exporta fuera de la UE. En general las PYMES españolas carecen de recursos humanos y financieros suficientes para la exportación trasatlántica.
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Así, las empresas del estado español se deberán enfrentar a las estadounidenses, capaces de ofrecer sus productos a precios más bajos, debido a sus menores costes de  producción, entre ellos los salarios de sus trabajadores. Además, en muchas ocasiones sus productos penetran en otros mercados a  través de grandes superficies comerciales acusadas de practicar ventas por debajo de coste para ganar cuotas de mercado.

La CE le llama ATCI, al acuerdo transatlántico de comercio e inversiones (TTIP).




La CE califica como Mito
Dice la CE
Hechos constatables con tratados en vigor (ejemplo: NAFTA o TCLAN)
1.Normas: ahora y en el futuro
«La ATCI debilitará las estrictas normas de la UE que protegen a las personas y el planeta.»
Las normas de la UE simplemente no son objeto de negociación. La ATCI las respetará en su totalidad.
Si no hay armonización normativa entre EEUU y UE, subsistirán ambas normas (reconocimiento mutuo). En los sectores donde no se reconozca el derecho a regular de los Estados, las discrepancias podrán dar lugar a la interposición demandas arbitrales contra las normas (ISDS/ICS).
2.Seguridad alimentaria
«La ATCI supondrá un descenso del nivel de seguridad alimentaria en Europa»
La ATCI respetará plenamente las normas de seguridad alimentaria y la manera cómo la UE las establece.
El reconocimiento mutuo de ambas normativas hará que circulen productos con distintos niveles de seguridad, y la competencia en precios hará que acaben prevaleciendo los productos con menor seguridad.
3. Aranceles
«Los aranceles entre la UE y los EE.UU. ya son bajos. La ATCI no es más que un pretexto para desmantelar la normativa de la UE.»
Algunos sectores de la industria de la UE aún adolecen de aranceles elevados que encarecen el comercio de mercancías.
La reducción o eliminación de aranceles provocará el descenso de los precios de los productos importados, obligando a la industria local a abaratar costes (reducción de salarios y aumento de precarización laboral) para poder competir con los productos estadounidenses, renunciando así a la protección de la economía local sino se adopta otras medidas. Pero además, la disminución en la recaudación tributaria del Estado puede impulsar el aumento de impuestos nacionales..
4.Derecho de los gobiernos a regular
«La ATCI permitiría a las potentes empresas de Estados Unidos interponer demandas contra los gobiernos a su antojo».
La ATCI reforzaría y haría más estricto el sistema existente de resolución de litigios entre las empresas extranjeras y los gobiernos.
El TTIP impone una justicia paralela a la nacional e internacional, para proteger la inversión extranjera, discriminando a favor de la inversión extranjera frente a la local (ISDS/ICS).
5.Servicios públicos
«La ATCI obligará a los Gobiernos de la UE a privatizar los servicios públicos de los que todos dependemos.»
Todos los acuerdos comerciales de la UE dejan libertad a los gobiernos para gestionar los servicios públicos tal como lo deseen.
El TTIP parece respetar los servicios públicos que se hayan incluido en una "lista negativa", pero todo aquel servicio que no se incluya podrá ser privatizado. Y en aplicación de la cláusula "trinquete" estos servicios jamás podrán ser recuperados para el sector público. No olvidemos que el tratado de la UE no habla de servicios públicos, sino de servicios de interés general (SIG) y que prima el coste necesario como criterio, frente al interés general.
6.Diversidad cultural
«La ATCI significará el final del cine europeo y de otras industrias creativas.»
La ATCI respetará las industrias culturales con su diversidad y características propias
Es cierto y ,ha sido gracias a Francia que impuso un veto para poder seguir protegiendo determinadas industrias culturales. Pero entre estos mitos nada se dice de algunas pretensiones de la industria farmacéutica como, alargar la vida de las patentes y la propiedad intelectual. Recordemos que el ACTA  (acuerdo comercial de lucha contra la falsificación) se incluye íntegramente en el CETA (Acuerdo de comercio entre la UE y Canadá) pendiente de ratificación.
7.Desarrollo sostenible
«La ATCI supondrá una carrera a la baja en materia de medio ambiente y derechos laborales de las personas.»
Queremos dedicar un capítulo específico en la ATCI a impulsar el desarrollo sostenible.
El aumento del comercio transatlántico supondrá un aumento de emisiones de gases efecto invernadero producidas por el aumento del transporte, además, el TTIP impulsaría la liberalización del mercado de las energías fósiles frente a las renovables, ya que estas últimas no pueden ser objeto de comercio trasatlántico.
8.Países en desarrollo
«La ATCI ayudará a los exportadores de la UE y de los EE.UU., pero los países en desarrollo se verán perjudicados.»
Algunos estudios independientes señalan que también se beneficiarían otros países.
La bajada de precios que impone el TTIP obligará al resto de los países a bajar también los suyos para poder entrar en el mercado, perjudicando sobre todo a los países en desarrollo poseedores de materias primas. Además, el modelo de deslocalización que han consolidado otros tratados es el de las maquilas para la explotación de mano de obra que puede provocar un aumento de los flujos migratorios.
9.Transparencia e influencia
«Los ciudadanos de a pie no tienen ni idea de lo que se debate: son las grandes empresas las que cortan el bacalao en la ATCI.»
Las negociaciones sobre la ATCI son las más abiertas que nunca se hayan celebrado en un acuerdo comercial y nuestros negociadores están procediendo a una amplia consulta.
Y sin embargo, la ciudadanía desconoce la existencia del TTIP, del CETA y el TiSA (en las últimas encuestas publicadas resulta que casi un 70% de la población los desconoce).
Por otra parte, a las salas habilitadas para consultar los documentos del tratado sólo tendrán  acceso los diputados y los funcionarios de la Administración General del Estado que por su trabajo necesiten conocer su contenido 
10.Control democrático
«Los Gobiernos y los políticos carecen de control sobre lo que los negociadores están cocinando.»
Los Gobiernos y los diputados del Europarlamento son fundamentales para el proceso de la ATCI — y tienen la última palabra.
Los gobiernos de los estados han nombrado a los equipos negociadores del tratado a los que influyen, pero los europarlamentarios no sólo no participan en las negociaciones sino que deberán decir "SI" o "NO" al conjunto de normas que componen el tratado sin poder proponer modificaciones o enmiendas.


Con este análisis queremos también responder a la carta que la CE ha remitido a algunos de los Ayuntamientos que se declararon libres de TTIP-CETA-TiSA, en la que pretende resolver algunos de los temores que dichos Ayuntamientos expresaron en sus mociones.

10 d’abril de 2016

Evasiones panameñas: el rol ignorado de los tratados de libre comercio "made in USA"



Por Jean Gadrey

Los llamados "Papeles de  Panamá" por el momento parecen minimizar la evasión fiscal estadounidense. Hay diversas razones que explican esto que no tienen nada que ver con un mítico complot de la CIA. Una de ellas es que la evasión fiscal practicada por las firmas y los  ciudadanos ricos estadounidenses, puede hacerse… sin abandonar el país, beneficiándose de paraísos fiscales internos como los estados de Delaware o de Wyoming. Otras buenas explicaciones son proporcionadas por Marina Walker Guevara, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha coordinado la investigación periodística sobre esta fuga masiva de documentos (que no han  sido todavía  todos escrutados, de forma que nuevas revelaciones son probables).

Se puede, sin embargo,  establecer un vínculo entre este asunto de Panamá y la influencia de las lobbies financieros estadounidenses. Casi nadie habla de ello, y sin embargo, desde hace años, estos lobbies han conseguido que los sucesivos gobiernos estadounidenses, comenzando por el de George W. Bush (pero también de Barack Obama y Hillary Clinton, esta última como Secretaria de Estado, que han rematado la faena sin pestañear), presionaran a los pequeños estados de América Central para firmar dos tratados  de libre comercio directamente inspirados en el  NAFTA (acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, vigente desde 1994).

El primero es el tratado CAFTA, que, al contrario que  el NAFTA, no es citado nunca en los debates actuales en torno al tratado transatlántico o TTIP, o de su primo con Canadá, el CETA, ni tampoco sobre el tratado de liberalización de los servicios o TiSA. El segundo, todavía más desconocido, es justamente un acuerdo firmado con… Panamá.

El CAFTA, o para escribirlo entero el CA-DRFTA, es un acuerdo firmado entre Estados Unidos y cinco «pequeños» países de América central (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua), más la República Dominicana. Es efectivo desde 2009. Su nombre oficial es el «Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement».

LIBRE INTERCAMBIO CON PANAMÁ (TPA) = AMPLIFICACIÓN ORGANIZADA DE LA EVASION FISCAL

El segundo acuerdo, efectivo desde octubre 2012, pero  negociado bajo la administración Bush, está más directamente ligado al escándalo de los "Papeles de Panamá". Llamado en  ingles, el «United States/Panamá Trade Promoción Agreement (TPA)», es presentado así por la administración estadounidense: «un amplio acuerdo de  libre comercio que elimina los aranceles y suprime las barreras en los servicios de los EEUU, comprendidos los servicios financieros».

¿Por qué tanta insistencia estadounidense en firmar un acuerdo «comercial» con un solo país tan pequeño (3,5 millones de habitantes, una economía en un  80 % terciaria y un PIB de 44 mil millones de dólares en 2014 ¡contra los 18.290 mil millones de Estados Unidos, o sea 400 veces más !)? Las explicaciones han sido proporcionadas por el colectivo Public Citizen durante el debate que ha precedido la adopción de este tratado. Ninguna buena razón económica o relativa al empleo estaba detrás, aunque los partidarios del tratado no hayan tenido otra cosa en la boca.

La única razón verdadera: Panamá era conocido ya como (traduzco un breve extracto del texto en inglés) «uno de los más importantes paraísos fiscales del mundo, donde 400.000 firmas extranjeras y numerosos individuos afortunados utilizan su sistema fiscal  dual, su secreto bancario y sus leyes tramposas, para evitar de pagar sus impuestos. Panamá está incluido también en la lista del Departamento de Estado de destinos preferente de las operaciones de blanqueo de dinero de los cárteles mexicanos y colombianos». Y sin embargo, todo esto no era suficiente  para «proteger la evasión»: este acuerdo proporcionaba una dosis adicional de «libertad».

4 d’abril de 2016

LA COMISION EUROPEA, AL SERVICIO DE SU MAJESTAD EL INVERSOR.



En la negociación del TTIP, el CETA y el TiSA, la Comisión Europea parece más preocupada por garantizar los beneficios de los inversores que por garantizar los derechos de los ciudadanos


por Sandra Soutto.
 


La Comisión Europea pretende captar capitales extranjeros e imponer un modelo de desarrollo económico basado en la exportación, a través de los tratados de comercio e inversión internacional, llamados de “libre comercio” (TLC), con el pretexto de conseguir un mayor crecimiento económico bajo el principio rector del capitalismo, que es la competencia. Estos tratados constituyen un marco legal protector de la circulación de las inversiones entre los diferentes estados firmantes, que desregulan la circulación de capitales, permiten deslocalizar la producción para llevarse la actividad económica a países donde se produce con costes laborales más bajos, normalizan la explotación laboral de los más débiles en maquilas, donde la mayor parte de los recursos usados en la producción son importados, y permiten a las multinacionales procesar a los estados ante tribunales arbitrales, como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial u otros, por supuestas violaciones de los estándares de trato mínimo estipuladas en dichos tratados, o por una supuesta “expropiación indirecta” de las ganancias esperadas.

La UE pretende concluir entre este año y el siguiente algunos tratados de este tipo, entre ellos, el Tratado Trasatlántico de comercio e inversión (TTIP), que negocia con EE.UU, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), negociado con Canadá y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA), que negocia con otros 22 gobiernos, a través de los cuales se desarrollará un modelo económico de producción para el mercado exterior basado en la protección de la “inversión extranjera” y de su “inversor”. Conceptos que analizo seguidamente con el objeto de delimitar el alcance de estos tratados en el ámbito material, personal y temporal.

Por lo general, las definiciones de inversión e inversor son muy amplias, tan amplias que cabe casi todo, como si lo único importante fuera minimizar el riesgo de la inversión realizada, por insignificante que esta sea, descuidando la responsabilidad institucional de garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional. 

Para empezar, no se trata de cualquier inversor ni cualquier inversión, porque estos tratados no protegen las inversiones locales ni regionales, sino que pretenden dotar de una especial protección al inversor extranjero, y a la inversión que éste realice o pudiera realizar, bajo una pretendida igualdad de trato. Excluyendo de toda protección al inversor local, y en especial a las PYMES, ya que al igual que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN), se incluye un instrumento de resolución de controversias entre inversor extranjero y Estado receptor de la inversión (ISDS/ICS), implementado bajo la excusa de defender a los inversores de gobiernos inestables y corruptos que pudieran amenazar las inversiones extranjeras. 

En realidad, se trata de un sistema de justicia paralelo al ordinario, de carácter unidireccional, ya que ni los estados ni los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades a dichos inversores, ni tampoco es independiente, ya que los miembros son designados por las partes en litigio y son retribuidos mediante factura a su costa. Este mecanismo otorga un gran poder a las multinacionales frente a las políticas públicas de protección laboral, social y medioambiental como se constata tras veinte años de NAFTA o TLCAN. 

Cabría entonces preguntarse, si la justicia paralela impuesta por estos tratados puede ser considerada como herramienta que garantiza la igualdad de trato, o por el contrario es discriminatoria, a favor de quienes disponen de recursos para pagar las minutas de los abogados.

LA INVERSIÓN EN LOS TLC

En la definición de inversión, cabe la adquisición de cualquier tipo de activo, mueble o inmueble, derechos reales como hipotecas y prendas, acciones o participaciones societarias, directas o indirectas, títulos públicos o privados, derechos de propiedad y todo tipo de concesiones, incluso las extractivas o de explotación de recursos naturales. Es decir, la adquisición de una acción o participación societaria, o de una concesión de explotación puede ser considerada una inversión, por la que se protegería a su inversor de cualquier supuesto perjuicio que el Estado receptor le pudiera ocasionar al implementar sus políticas de protección laboral, social o medioambiental. 

Recordemos que, cuando AbitibiBowater quebró y cerró su fábrica de pulpa y papel en Grand Falls-Windsor, Newfoundland y Labrador (NL) en el año 2008, reclamó el derecho a vender todos sus activos, incluyendo las licencias de explotación maderera y permisos para el uso de agua que le habían sido otorgados, todos ellos públicos. Así, cuando el gobierno decidió recuperarlos de acuerdo con las leyes nacionales, la mercantil le interpuso una demanda arbitral de acuerdo con el tratado vigente en ese momento entre EE.UU. y Canadá (NAFTA o TLCAN) por 500 millones de dolares canadienses, por lo que el gobierno canadiense se vio obligado a negociar la retirada de la misma por 130 millones de dolares canadienses. Ahora bien, la mercantil quebrada mantiene en propiedad derechos de explotación que no utiliza ni permite que explote la comunidad, imponiéndose el derecho a la propiedad privada al interés público. Es decir, propiciando la privatización de los bienes comunes. 

Al contrario de lo que esta haciendo la Comisión Europea, es preciso acotar el concepto de inversión, como ha insistido Canadá en las negociaciones del CETA, y para ello se ha de tener en cuenta que sólo existe la inversión cuando con ella se genera riqueza, es decir, bienes y servicios reales. Con esta definición impediríamos que cualquier estrategia especulativa se apoderara de los presupuestos públicos.  
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¿QUIÉN ES EL INVERSOR EN LOS TLC?