26 d’abril de 2015

El TTIP o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba



Imágen:'Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb', de Stanley Kubrick.


Santiago Galán. ATTAC España.

“La fluorización de nuestros preciados fluidos corporales, la mas grave amenaza comunista de todos los tiempos” argüía el general Ripper, mientras se fumaba un puro y bebía un vaso de agua de lluvia con hielo, en el cenit de su cordura y locuacidad, ante un descolocado Capitan Mandrake en Dr. Strangelove, uno de los relatos más esclarecedores de la guerra fría…

Como la esperanza será lo último que perdí, perfectamente podría encontrarme dentro de unos años contemplando una visión de Kubrik sobre una proyección retrospectiva de los efectos que tuvo el TTIP en los campos de batalla europeos.


Lo cierto es que a pie de calle, según una encuesta que he realizado, poca gente sabe lo que es el TTIP, lo cual choca con la aplastante lógica de que es aquello que va a tener una mayor repercusión sobre cuestiones como la economía, la sanidad, la alimentación, la salud, la política, la justicia y, al fin y al cabo, sobre la práctica totalidad de nuestra realidad cotidiana y mundana. A más de un pensador crítico neo-cartesiano le sonará a la clásica teoría de la conspiración de investigación friki-perroflauta, antítesis del principio de parsimonia o navaja de Ockham.


Esta conspiración judeo-masónica tiene todos los ingredientes de éxito de ventas: Una trama oscura con forma de acuerdo comercial que afecta a cientos de millones de personas a ambos lados del Atlántico, su negociación se realiza en secreto, sus consecuencias alcanzan a todos los niveles de la sociedad, la economía, la política… Las filtraciones son continuas alimentando el cotilleo, entonces… ¿por qué en la calle no se habla de ello? Tras sesudas reflexiones llego a la siguiente conclusión: Porque apenas sale en la tele o en la portada de los prestigiosos tabloides de nuestro país aunque, afortunadamente, parece que esto está cambiando.


24 d’abril de 2015

La Comisión Europea cede a las presiones de EEUU en el TTIP y agiliza la entrada de transgénicos en Europa


Nota de prensa de la Campaña estatal no al TTIP                                       
                                                                                                                          CATALÀ
     


La nueva propuesta de Reglamento sobre importación de organismos modificados genéticamente (OMG) de la Comisión Europea desmiente sus afirmaciones de que no se plegará a las presiones de EEUU sacrificando preocupaciones ambientales y de salud en áreas de libre comercio.
La Comisión Europea ha afirmado reiteradamente que los transgénicos quedarían fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unido (TTIP), y que este acuerdo en ningún caso pondrá en peligro la seguridad de los alimentos en la Unión Europea (1) . Sin embargo, la propuesta de normativa de la Comisión de 22 de abril constituye un claro intento de agilizar la entrada de OMG en la Unión Europea y elimina de un plumazo la posibilidad de que los gobiernos puedan prohibir la entrada de este tipo de productos en su territorio por razones ambientales o de seguridad alimentaria.
La propuesta de Reglamento de la Comisión se presenta como un avance en la “democratización” de las decisiones europeas sobre importación de OMG, pero en realidad supone un claro retroceso encaminado a agilizar el proceso europeo de autorización. Lo más grave, no obstante, es que elimina la posibilidad de que los países se acojan a la cláusula de salvaguardia que ha permitido a los gobiernos hasta ahora responder a las legítimas preocupaciones ciudadanas por cuestiones de salud y medio ambiente.

El proceso de autorización de OMG en la Unión Europea permite a la Comisión dar luz verde a un producto modificado genéticamente en caso de falta de acuerdo del Consejo. La Comisión ha utilizado de forma sistemática esta prerrogativa, aprobando nuevos OMG sin tener en cuenta las objeciones de los gobiernos y de la ciudadanía europea (2) . La propuesta de Reglamento de la Comisión reconoce este déficit democrático y propone cambiar las normas existentes, eliminando de la regulación comunitaria la citada cláusula de salvaguardia y permitiendo en cambio a los países prohibir el uso de OMG con fines alimentarios. Todo ello con la excusa devolver a los países su capacidad decisoria. A primera vista, esto parecería positivo. Pero no es así cuando se analiza la letra pequeña. La nueva normativa ni siquiera menciona el principio de precaución y no permitirá en ningún caso a los gobiernos alegar razones ambientales ni de salud para prohibir un OMG en su territorio. Además, establece claramente que toda prohibición estará supeditada a unas normas internacionales comerciales (sobre no discriminación a las importaciones, por ejemplo), que en la práctica dificultarán enormemente cualquier decisión en este sentido. De aprobarse, de hecho, la propuesta de Reglamento consolidaría un proceso de autorización cuya decisión última se sustrae al control democrático, y que otorgaría mayor peso decisorio a los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), cuyos conflictos de interés han sido criticados duramente por el Parlamento Europeo (3).

20 d’abril de 2015

18A JORNADA MUNDIAL CONTRA EL TTIP

En más de 50 ciudades de España, este sábado 18 de abril, día mundial de Acción contra los Tratados de Comercio e Inversión, miles de ciudadanos mostraron su repulsa a estos tratados porque pretenden garantizar los beneficios de las grandes multinacionales por encima de los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta.
El Caballo de Troika, empujado por las organizaciones que componen la campaña “NO al TTIP de les Comarques de Castelló”, estuvo a mediodía en la plaza Mayor de Castelló de la Plana y por la tarde, se manifestó por las calles de Valencia, para llamar la atención a la ciudadanía de cómo estos tratados pueden vulnerar los derechos humanos, y exigir la inmediata paralización de sus negociaciones, en tanto no se permita la participación democrática de la ciudadanía en las mismas, bajo los principios de igualdad, justicia y equidad.
En el nombre de la campaña aparecen las siglas, “TTIP”, que corresponde a uno de los tratados que negocian miembros no electos de la Comisión Europea (UE) con representantes de los Estados Unidos de América (EEUU), asesorados por las grandes multinacionales, y cuyo objetivo es: armonizar normas y reglamentos en las dos áreas e implantar mecanismos para la resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS), a través de órganos arbitrales de mediación que actuando al margen de los sistemas judiciales nacionales y europeos, bajo el prisma del derecho mercantil internacional, única y exclusivamente, acabarán expoliando los bolsillos de los ciudadanos, como ya ha ocurrido en el caso del Castor.
La armonización regulatoria no es otra cosa que la eliminación de muchas normas europeas, entre ellas las que regulan: el etiquetado de alimentos, limitan el uso de transgénicos, impiden el uso de sustancias peligrosas en el engorde del ganado o en los cultivos agrícolas, o los plazos de vigencia de las patentes. También se pretende reducir la protección de datos y la desregulación en la normativa laboral y financiera. Estas normas que se pretenden burlar son tildadas de barreras no arancelarias, cuando no son otra cosa que normas de protección de los derechos de los ciudadanos, de la salud y del medio ambiente. 

15 d’abril de 2015

18 d'abril diada mundial contra el TTIP-CETA-TiSA



El pròxim 18 d'abril de 2015 les associacions i organitzacions que impulsen la campanya contra els tractats de comerç i inversió que es negocien en el major dels secrets, sota el pretext de “confidencialitat”, entre la Unió Europea i EUA, tornaran a traure el Gran Cavall de Troika als carrers de Castelló, per a:

1. Informar a la ciutadania de quines són les amenaces d'aquests tractats sobre les nostres vides, amb la pretesa harmonització regulatòria i la implantació de mecanismes per a la resolució de conflictes entre inversors i estats, que mitjançant òrgans arbitraris de mediació espoliaran les butxaques dels ciutadans, i

2. Exigir la immediata paralització de les negociacions en tant no es permeta la participació democràtica de la ciutadania en les mateixes.


Perquè ja tenim l'experiència del NAFTA (Tractat de Lliure Comerç i Inversió entre EUA, Canadà i Mèxic) en vigència des de 1994, amb el qual van prometre la creació de 20 milions de llocs de treballs; tanmateix, fins ara només s'ha aconseguit la destrucció d'un milió de llocs de treball. Si tenim en compte les dades proporcionades per la EPA, a la fi del 2014 nostra comunitat va presentar una taxa de desocupació del 23,5%, mentre que la desocupació juvenil es va situar en el 50,2%, i aquests mal anomenats tractats ens amenacen no solament amb destruir més ocupació sinó també la nostra economia local obligant als autònoms i les PIMES a competir d'igual a igual amb les grans multinacionals, la qual cosa no es traduirà en reduccions significatives dels preus, excepte en el cas dels salaris, que baixaran per la competència amb els de les filials de les multinacionals als països amb menys protecció social i sindical. Així no eixirem de la crisi.

Tampoc podem permetre que les multinacionals imposen les seues normes per sobre de la nostra Constitució i les nostres lleis, perquè ni el comerç ni el planeta són il·limitats, perquè hem de protegir l'aigua i volem saber el que mengem, perquè volem salut pública per a tots, una educació de qualitat, unes xarxes de comunicacions que permeten l'intercanvi i la informació, garantia d'una forta democràcia, perquè per a combatre la pobresa, la precarització, l'explotació i la desigualtat necessitem uns serveis públics de qualitat, perquè no volem que destrossen el medi ambient amb la proliferació de pràctiques extractives d'hidrocarburs com el fracking. 

Perquè aquests no són tractats, són acords entre les multinacionals dictats en contra de la ciutadania europea i nord-americana, que pretenen l'expropiació directa i indirecta dels recursos comuns dels ciutadans, mitjançant indemnitzacions multimilionàries decretades per àrbitres internacionals contra les normes elaborades pels representants del poble destinades a la protecció dels seus drets i el medi ambient. És a dir, pretenen fer-se amb els recursos de la nostra terra sense treballar, sotmetent al poble perquè paguen milionàries indemnitzacions. 



El pròxim 18 d'abril hem d'eixir al carrer per a denunciar els acords comercials que es negocien amb absolut secretisme per a garantir el benefici de les multinacionals sense protegir degudament els drets de les persones i el medi ambient, i exigir un nou model econòmic i de comerç que pose a la humanitat i al medi ambient en el qual desenvolupa la seua existència per sobre dels beneficis de les multinacionals.

El nostre Gran Cavall de Troika convida a tota la ciutadania a participar en els actes que es duran a terme el proper dissabte 18 d'abril, diada d'acció global en contra el TTIP, el CETA i el TiSA:

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.          

13 d’abril de 2015

Bajo el TTIP, más de 75.000 empresas podrán doblegar la voluntad de los gobiernos

 Por Verónica Gómez
Comisión Internacional de ATTAC España

Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la Unión Europea y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.
.
El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e inversión que englobaría la Unión Europea y EE.UU. Uno de sus focos de interés está en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas, salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de los gobiernos para regular a favor del interés público.

Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o “suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio. Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto, este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de EEUU y la Unión Europea y un grupo de funcionarios no responsables frente a la ciudadanía.

Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3 abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas millonarias con el  dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $, Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.

García Bercero (1) , aseguró a su homólogo estadounidense que los documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30 años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el final del modelo social europeo y  un golpe de estado por parte de las corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias democracias.

Publicado en Nueva Tribuna http://www.nuevatribuna.es/

Notas:
(1) Ignacio García Bercero, funcionario español al frente de los negociadores europeos, en una carta dirigida a su L. Daniel Mullaney, jefe negociador estadounidense, que puede leerse aquí: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151621.pdf 

POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.          
 
ATTAC Castelló no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

8 d’abril de 2015

TTIP: ¿REGRESO AL FUTURO?



por Ntina Tzouvala                                                                                              ENGLISH Flag of the United Kingdom.svg
 
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) es un claro ejemplo de cómo la proliferación del derecho económico internacional durante las pasadas tres décadas es una parte esencial del programa neoliberal y por lo tanto ‘parte del problema'.

En 1954 el economista ordoliberal[1] W. Röpke[2] estuvo invitado en La Haya para presentar un trabajo sobre en la relación entre la economía neoliberal y el Derecho Internacional. En este instructivo discurso titulado ‘Orden Económico y Derecho Internacional'[3] Röpke observó que el siglo XIX, siendo por excelencia el tiempo del liberalismo económico, careció de documentos legales internacionales sobre libre comercio, protección de inversiones, etc. Para él esto no era una contradicción, sino una manifestación de consenso político: ya que  estando todos los gobiernos occidentales de acuerdo en los méritos de economía de libre mercado, no había necesidad práctica de protegerla mediante una legislación internacional adicional. Fue más bien la experiencia del ‘proteccionismo’ de entreguerras y el legado persistente de las políticas Keynesianas y de diferentes legislaciones que según Röpke interrumpieron la libre competencia, lo que hizo necesario que el Derecho Internacional evolucionase para devenir Derecho Económico Internacional. En su argumento, el Derecho Internacional es generalmente entendido como una garantía contra las tendencias anti-competitivas del Estado en una época en que el movimiento obrero, el keynesianismo, la existencia y el atractivo del bloque socialista y la paulatina aparición  de los estados poscoloniales, parecían hacer añicos la creencia del siglo XIX de que las ventajas del libre mercado libre eran tan obvias que no se necesitaba a nadie para defenderlas en el ámbito internacional.

La concepción de Röpke de la relación apropiada entre el Derecho y la Economía estaba también influida por su profunda simpatía por lo judicial venido a cuestiones económicas. En su 1942 libro ‘La Crisis Social de Nuestro Tiempo' Röpke lamentó el secuestro del Estado por ‘la chusma de los intereses particulares’. Tal retórica no fue inusual en la jerga ordoliberal. Aun no siendo los ordoliberales Nazis, compartieron con los Nazis la creencia de que el Estado de Weimar fue débil porque estuvo muy fuertemente influido por el movimiento obrero y por tanto asumió funciones de Estado Benefactor que lo debilitaron. El ‘remedio’ de Röpke a esta pretendida debilidad era una decidida transferencia de poderes al poder judicial, ya que entendía que  los jueces son la rama de gobierno menos susceptible a las presiones de la lucha de clases y los movimientos democráticos[4].

Los Tratados Bilaterales de Inversión y otros parches legales: construyendo una constitución neoliberal global

Aún cuando Röpke nunca consiguió el estatus de celebridad de Friedman o Hayek, su pensamiento es esencial para comprender plenamente los objetivos y la función social del TTIP, actualmente negociándose entre la Unión Europea y los EE.UU.[5]

Cualquier análisis socio-legal del acuerdo tendría que empezar por reconocer que siendo las tarifas arancelarias aplicables al comercio transatlántico mínimas, el TTIP claramente se desvía del paradigma legal de posguerra que principalmente buscaba minimizar las barreras arancelarias. Más bien, forma parte de la tendencia que tras los años 1990 se manifiesta en los intentos de regular internacionalmente literalmente cualquier aspecto de la legislación doméstica, desde los  procesos administrativos (caso Gamba-Tortuga[6]) a la regulación de sustancias percibidas socialmente como peligrosas (caso Comunidad Europea-Hormonas[7]) que de alguna manera pueden tener un efecto adverso sobre el  libre comercio. La Comisión Europea admite que la regulación doméstica es el punto focal de las negociaciones del tratado y la justificación que proporciona del mismo es que una mayor armonía reguladora minimizaría costes de inversión para empresas en ambos lados del Atlántico[8].

Curiosamente, la Comisión intenta tranquilizarnos diciendo que esto no devendrá en una carrera hacia abajo, sino en una ‘carrera hacia arriba' (sic). Uno de sus principales argumentos en ese frente es que los ‘reguladores, es decir, las autoridades que proponen, adoptan e implementan los controles bajo discusión, serán parte en las negociaciones’. Este punto, de hecho nos lleva a uno de los capítulos más polémicas del TTIP: el Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores y Estado (ISDS). En un nivel muy básico, este capítulo, si finalmente deviene parte del acuerdo final, concederá a los inversores (pero no a los estados) el derecho de plantear reclamaciones ante un tribunal arbitral internacional para que éste resuelva si el tratado ha sido violado. Por ello, aunque la Comisión argumenta que la participación de reguladores en el proceso de negociación salvaguarda intereses sociales como el medio ambiente o la protección de la salud pública, guarda silencio sobre el hecho de que la aplicación cotidiana del TTIP no descansará al final del día en nuestros representantes políticos, ni siquiera en tribunales nacionales, sino en árbitros internacionales.

Ciertamente, esta cláusula no tiene  nada fundamentalmente nuevo. La primera cláusula ISDS apareció en 1959 en un acuerdo de comercio bilateral entre la orgullosamente ordoliberal República Federal Alemana y Pakistán. La ola de nacionalizaciones de recursos naturales por parte de los estados poscoloniales durante las tres primeras décadas de la posguerra y los intentos de esos estados de desafiar el statu quo legal internacional que decretaba el saqueo colonial de su riqueza, hacían necesarias salvaguardas contra este reto (parcial) al poder corporativo. Los argumentos invocados para justificar esta elección política era una mezcla de neoliberalismo (‘la inversión extranjera es único camino hacia la prosperidad') y de discurso “civilizatorio” decimonónico (‘los sistemas legales de los Estados del Tercer Mundo son demasiado primitivos para garantizar correctamente las inversiones y sus jueces demasiado inexpertos o corruptos'). Este proceso logró su apogeo después de la caída del Muro de Berlín y el creciente triunfalismo de mercado. Miles de Tratados de Inversión Bilateral fueron concluidos creando un sólido nexo legal internacional de políticas neoliberales. Más adelante el NAFTA[9] extendió estos acuerdos al corazón del mundo ‘desarrollado’. Como no puede sorprender a nadie, los árbitros, que han mostrado tener un perfil desproporcionadamente vinculado al derecho mercantil corporativo[10], revelaron un sesgo manifiesto a favor del mundo de los grandes negocios. Bastaría decir que The Economist recientemente denunció[11] al arbitraje  por ser excesivamente pro-empresarial.

En el ámbito legal, este cambio estuvo facilitado por la aparición de lo que Andrew Lang ha denominado ‘nueva imaginación legal'[12]. Tanto para la Organización Mundial del Comercio y como para el NAFTA esta nueva imaginación legal significó que un número cada vez más creciente de regulaciones domésticas iban a ser consideradas discriminatorias y por tanto sólo permisibles bajo condiciones específicas y limitadas. Por ejemplo, bajo el capítulo 11 del NAFTA una empresa de gestión de residuos de EE.UU. desafió con éxito una prohibición temporal canadiense a la exportación de residuos tóxicos. Aunque la prohibición se aplicó de modo general sin discriminación por nacionalidad, el tribunal arbitral sentenció que Canadá había violado artículos 1102 (tratamiento nacional) y 1105 (estándares mínimos de tratamiento) del NAFTA. De modo parecido, cláusulas de expropiación han sido interpretadas liberalmente (en el sentido dual de la palabra) para que incluyan la “expropiación indirecta”, lo que afecta a cualquier medida reguladora que afecte adversamente un inversor extranjero. Dada nuestra extensa experiencia histórica y dado que el TTIP incluye cláusulas similares, redactadas en términos muy generales, no hay ninguna razón para creer que el mecanismo ISDS del TTIP no seguirá estos ‘precedentes’.

Lo que es relativamente nuevo aquí es la introducción de tal mecanismo en un acuerdo de comercio e inversión pactado exclusivamente entre economías y sistemas legales ‘desarrollados’. Esta evolución prueba claramente cómo la inclusión de tales cláusulas en los acuerdos bilaterales siempre ha obedecido a motivos políticos y no es una consecuencia del carácter presuntamente problemático de los sistemas legales de los estados ‘en vías de desarrollo'. Aún más, se ha recurrido a la articulación de argumentos cuestionables para apoyar esta decisión motivada políticamente. Entre estos argumentos mi favorito[13] es el que sostiene que no hay diferencia fundamental entre la  protección internacional de los derechos humanos y las cláusulas ISDS, y desde el momento que aceptamos aquella no hay ninguna razón para rehusar las cláusulas ISDS. Esta difusión de tratados de comercio e inversión y de las correspondientes cláusulas ISDS nos advierte de una ‘constitucionalización' actualmente en proceso de las políticas neoliberales en un nivel internacional, cerrando el paso a las opciones políticas a que estábamos acostumbrados.

Preguntas incómodas

En una carta recientemente filtrada[14], doce ministros de comercio de estados miembro de la UE, dirigidos por el Reino Unido[15], urgieron a la Comisión Europea la inclusión de la cláusula ISDS en el texto final, a pesar de las protestas de movimientos sociales e incluso de algunos gobiernos (Alemania presuntamente está dirigiendo el campo opositor). Tanto este movimiento como los argumentos de Röpke destacan un aspecto crucial de la visión neoliberal del estado: su bien conocida fobia al estado está conformada por una extraña concepción del mismo. Esta concepción confunde el estado con el legislativo y la parte superior del ejecutivo (el gobierno), mientras que el papel creciente del poder judicial no es cuestionado y es de hecho alabado como salvaguardia de la libertad económica. Aunque esta tendencia es también común entre algún representante del pensamiento liberal tradicional, ha alcanzado su apogeo teórico y práctico en nuestra era neoliberal. En tanto que la política está conceptualizada por el neoliberalismo como inherentemente adversa al individuo, la rama judicial del gobierno muestra la mayor de las inmunidades a esta presunta amenaza, lo que la convierte en el foro ideal para la toma de decisiones. En el caso del TTIP esta judicialización es también parte de una internacionalización en marcha de los procesos de toma de decisión en los asuntos económicos. Dado que históricamente los movimientos sociales progresistas tienden a actuar en el nivel nacional (incluso cuándo han tenido aspiraciones internacionalistas), la ‘deslocalización’ de las políticas económicas produce un efecto de ‘inmunización', que pretende minimizar los efectos de los movimientos sociales en las decisiones políticas. En el caso de la Unión Europea, la conclusión potencial del TTIP significa una ‘doble' inmunización, ya que la Unión Europea ha asumido un significativo papel en el sometimiento de los estados a las reglas y la ética de la austeridad.

Esta observación está bien lejos de ser una llamada al proteccionismo y al nacionalismo económico. No obstante, el TTIP es un claro ejemplo de cómo la proliferación del Derecho económico internacional durante las pasadas tres décadas es una parte esencial del plan neoliberal y por tanto, es, en palabras de David Kennedy, ‘parte del problema'[16] . Esto va en contra de las creencias más profundamente arraigadas entre los profesionales del Derecho Internacional, quienes persistentemente se quejan de que el problema con el Derecho Internacional es su ineficacia o su insuficiencia. En el caso del TTIP, el Derecho Internacional es un instrumento en el proceso de disolución de los restos de la socialdemocracia en Europa y el keynesianismo (de derecha) en los EE.UU. Además, dado el aumento rápido de los partidos antiausteridad de izquierdas, especialmente en el Sur de Europa (Podemos en España, SYRIZA en Grecia), la conclusión del TTIP disminuiría radicalmente el margen de maniobra para cualesquiera gobiernos futuros dispuestos a desafiar la ortodoxia neoliberal.

El futuro de las negociaciones en marcha no está claro. Lo que sí está más claro, es que dados los inmensos intereses en juego, sólo la movilización popular podría parar la conclusión del TTIP y otros acuerdos relevantes (CETA entre la Unión Europea y Canadá, el TPP entre Australia, los EE.UU., Japón y otros estados ribereños del Pacífico). Si tales acuerdos son ratificados, entonces tendremos que afrontar sistemas políticos donde la libertad de expresión y la acción política estarán perfectamente garantizadas, por la sencilla razón de que no serán capaces de cambiar mucho.

Traducción : David Hervás

Ntina Tzouvala es una doctoranda que trabaja a tiempo parcial en la facultad de Derecho de la Universidad de Durham. Este texto procede de un trabajo titulado ‘Resistiendo al TTIP: Cuál es el papel de la Teoría del Derecho Internacional' presentado el 3 de septiembre de 2014 ante el Grupo de Interés en Teoría del Derecho Internacional de la Sociedad Europea de Derecho Internacional (ESIL/SEDI)




[1] Ordoliberalismo: versión del liberalismo “a la alemana” desarrollado por la llamada Escuela de Friburgo http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=o&idind=1108&termino=
Para la distinción entre ordo-liberales y neoliberales americanos ver: Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, (Gallimard,‎ 2004). Editado en español: Nacimiento de la biopolítica (Fondo de Cultura Económica, 2007).
[3] Wilhelm Roepke ‘Economic Order and International Law’ 86 Recueil des Cours 203
[4] ‘Es ahora aconsejable, más que en el pasado, hacer de los tribunales órganos de la economía y confiar a sus tareas de decisión lo que era anteriormente confiado a autoridades administrativas.' En: Wilhelm Roepke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. (Rentsch, Erlenbach Zurich 1942). Editado en Español: La crisis social de nuestro tiempo (Ciudadela Libros, 2010).
[5] Dardot y Laval argumentan que la misma UE constituye un proyecto de institución ordo-liberal: Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde: essai sur la société néolibérale (La Découverte, 2010). Editado en español : La nueva razón del mundo (Gedisa, 2013)
[9] Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito entre EE.UU., Canadá y México, vigente desde 1994. http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
[12] Andrew Lang, World Trade Law after Neoliberalism: Re-Imagining the Global Economic Order (OUP 2011), pp. 271  
[14] http://blogs.ft.com/brusselsblog/files/2014/10/ISDSLetter.pdf Los estados miembros firmantes son España, Reino Unido, República Checa, Chipre, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Croacia, Malta, Lituania, Irlanda, Suecia, Portugal y Letonia.
[15] Es irónico el hecho de que el gobierno de Reino Unido sea uno de los partidarios más vociferantes del ISDS, y al mismo tiempo le repugnan los “jueces no electos” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
[16] David Kennedy, The international human rights regime: still part of the problem? en Examining Critical Perspectives on Human Rights, Rob Dickinson, Elene Katselli, Colin Murray and Ole W. Pedersen , Editors (Cambridge University Press, 2012).

POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.          
 
ATTAC Castelló no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.