22 de gener de 2015

LA CIMERA SOCIAL S'ADHEREIX A LA CAMPANYA NO AL TTIP


Les quasi trenta organitzacions que composen la Cimera social de Castelló, han signat el Manifest de la CAMPANYA NO AL TTIP.






Amb aquest gest volem unir-nos i treballar conjuntament amb la resta d'organitzacions i plataformes que s'oposen a aquest acord que posa en perill la democràcia i els drets de la ciutadania.

Ens oposem al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) que la UE i els EEUU negocien d'esquena a la ciutadania, perquè suposarà, no només el debilitament de les normes europees en matèria de protecció laboral, alimentària, social o mediambiental. També suposarà un atemptat a la democràcia, ja que les empreses transnacionals, imposaran les seues normes per tal d'assegurar-se beneficis per damunt dels drets ciutadans i la conservació del medi ambient.

15 de gener de 2015

EL 97% NO IMPORTA

La Comisión Europea hace oídos sordos a los resultados de su propia consulta pública

La inmensa mayoría (pasando del 97%) rechazó los tribunales de arbitraje en tratados comerciales como el TTIP. Ahora la Comisión anuncia que consultará solo a agentes especializados

  

La Comisión Europea hace oídos sordos a la opinión de la inmensa mayoría, más del 97%, sobre los tribunales de arbitraje entre inversores y Estados, a pesar de que fue esa institución la que lanzó una consulta al respecto. A partir de ahora, ha decidido la Comisión, sólo pedirá asesoramiento a agentes “especializados”. Se trata de una burla a la población europea que refleja la falta de democracia y transparencia de los tratados de libre comercio como el TTIP, según la campaña #NoalTTIP.


El ISDS (por sus siglas en inglés) es un mecanismo de arbitraje presente en tratados de libre comercio que permite a grandes empresas inversoras extranjeras denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado si considera que alguno de sus “derechos” ha sido vulnerado. Este mecanismo está contemplado en el tratado de comercio UE-Canadá (CETA), pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo, y en las actuales negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UE y Estados Unidos (TTIP). 
 
La oposición ciudadana a estos mecanismos, que ponen en peligro la soberanía de los Estados, es creciente. Por ello, la Comisión Europea decidió lanzar el pasado verano una consulta pública al respecto.


Las preguntas de la consulta eran extremadamente técnicas, pero aun así se registró un récord de participación. Casi 150.000 personas respondieron  y una inmensa mayoría, 97%, rechazó la inclusión del mecanismo de arbitraje ISDS en el TTIP  y otros tratados comerciales. 


Este martes se publicaron oficialmente los resultados de la Consulta Ciudadana sobre la Protección de las Inversiones.  Continuarán las consultas, pero a partir de ahora sólo con agentes especializados. Y se reformarán los mecanismos de protección de las inversiones para que no supongan un límite al derecho a legislar, como ya se ha hecho en CETA, según anunció la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.


Lo cierto es que los cambios anunciados no solucionarán el problema en absoluto.  Tal y como ocurre en el caso de CETA, las multinacionales seguirán teniendo más derechos que las empresas locales o los ciudadanos y tres jueces privados, que obtienen un lucro sustancial durante el proceso, seguirán decidiendo qué políticas son correctas o incorrectas, desacreditando la soberanía nacional.


“Los resultados de la consulta demuestran que  la ciudadanía se organizó para responder y demostró el enorme rechazo que generan esos tribunales de arbitraje, “ explica Luis Rico, de Ecologistas en Acción, uno de los más de 100 colectivos que conforman la Campaña #NoalTTIP. “Ahora, la Comisión desoye estas voces, diciendo que continuarán las consultas sólo con agentes especializados. Esto supone una auténtica burla a la democracia”.


Las negociaciones del TTIP son un caballo de Troya para que las multinacionales tengan cada vez más poder a ambos lados del Atlántico frente a la soberanía de los Estados, los derechos laborales y sociales, la protección ambiental.  Las maniobras para mantener los tribunales de arbitraje en el tratado lo demuestran.


La inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP abriría las puertas a que empresas estadounidenses realizaran demandas como las llevadas a cabo contra Uruguay, donde una tabaquera denunció al Gobierno por la prohibición de fumar, o Egipto, donde otra multinacional recurrió al tribunal de arbitraje por la subida del salario mínimo obligatorio.

 No te pierdas la segunda reunión de la campaña contra el TTIP, el CETA, el TiSA y cualquiera otro parecido en Castellón, que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de enero de 2015 a las 18:30 en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes de la UJI (Av de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana – Castelló).


FIRMA POR UNA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA CONTRA EL TTIP Y EL CETA:

http://stop-ttip.org/firmar/




  POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :

 ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.          


4 de gener de 2015

Impuestos ¿Para qué?


Por Sandra Soutto.

En la era del secreto bancario, donde la mitad de los ingresos mundiales es controlado por el 10% de la humanidad, cuando la economía sumergida en España se calcula en el 24 % de su PIB (253.000 millones de euros )(1), cuando los españoles tienen más de 144.000 millones de euros en paraísos fiscales (2), la corrupción da mucho de qué hablar, y aumenta el porcentaje de población que sufre pobreza y exclusión social (3), se hace necesaria una reforma del sistema tributario que garantice la justicia económica y social. Pero no nos confundamos, el sistema tributario sólo es el medio que nos permite conseguir el fin, y su objetivo no debería ser la obtención de ingresos. En este contexto es necesario, primero tener muy claro cuáles son los objetivos a alcanzar, y segundo, qué son y para qué sirven los impuestos.

Considerando que el objetivo está claramente definido en la Constitución española, título I (De los derechos y deberes fundamentales), capítulo III (De los principios rectores de la política social y económica), en este post analizaré la definición de los impuestos, y sus funciones. 
 
En el portal de educación de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) (4), reza la siguiente definición, cuyo origen es el artículo 2 de la Ley General Tributaria (5):
Finalmente, los impuestos son los tributos más importantes, pues es a través de ellos como se obtienen la mayoría de los ingresos públicos para costear las necesidades colectivas. Son cantidades que se exigen obligatoriamente por ley sin que exista una contraprestación individualizada específica y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad económica de los ciudadanos.”

Veamos, en este párrafo dice que:

1º- Los impuestos son tributos, es decir, se trata de prestaciones en dinero que los ciudadanos del Estado están obligados por ley a dar a su gobierno en el momento en el que la ley lo imponga y por el importe que así lo determine, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. 

2º- Los impuestos existen porque una norma de rango legal los crea. Es una ley la que obliga a los ciudadanos de un Estado a pagar una determinada cuantía (deuda tributaria) por un hecho concreto (hecho imponible: determina el nacimiento de la obligación), en un momento determinado. Por ejemplo, la obtención de una retribución o ingreso por un servicio prestado durante un año. 

3º- Los impuestos, constituyen prestaciones que deberán realizarse en la moneda designada por el gobierno del Estado en la norma a través de la cual regula los tributos. Normalmente será la moneda oficial del Estado. Esto significa que los pagos en otra moneda, que no sea la que diga la ley, no liberarán a los ciudadanos de sus obligaciones frente al Estado, y, en el caso de entregar en pago una moneda que no sea la oficial, estos no serán aceptados y los órganos de recaudación del Estado podrán exigir la deuda, incluso vía ejecutiva para saldar la misma. Pues, cuando el ciudadano no cumple con su obligación de pagar sus impuestos el Estado puede embargar y ejecutar bienes y derechos de su propiedad hasta cobrar la deuda completa. Por ejemplo, en España al decir la ley que los impuestos se han de pagar en la moneda de curso legal, lo que quiere decir es que sólo valdrán los pagos en euros, ya que la moneda de curso legal en España ahora, es el euro. Por tanto, no valdrá el pago en pesetas, ni en bitcoins, ni en ninguna moneda social, ni tan siquiera en otra moneda oficial de otro estado, como por ejemplo el yen o el dólar. 

4º- Por el pago de los impuestos los ciudadanos no tienen contraprestación directa, ya que el Estado no tiene obligación de dar ni bienes ni servicios a cambio de lo que recibe. Sin embargo la ley deja claro que los impuestos se destinan al sostenimiento de los gastos públicos, eso sí, sin especificar cuáles, al contrario de lo que ocurre con otros tributos como las tasas y las contribuciones especiales. Además dice, que podrán ser utilizados como instrumentos de política económica para la consecución del interés común y bajo los principios regulados en la Constitución española, capítulo III del Título I “De los principios rectores de la política social y económica” (artículos 39 a 52) (6), donde enumera cuales deben de ser los objetivos de la política económica, entre los que destaco el pleno empleo, la formación y readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo (art. 40), régimen público de seguridad social para todos (art. 41), la salud pública (art. 43), el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica, una vivienda digna, y la conservación del medio ambiente. 

5º- Los impuestos se fundamentan en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacerlos bajo los principios de justicia, generalidad, igualdad (de derechos), progresividad (el que más tiene más paga), equidad distributiva de la carga fiscal, y no confiscatoriedad. Dicha capacidad se puede medir mediante el análisis del patrimonio, de las rentas, de las herencias, de las donaciones, e incluso del gasto que realiza cada persona, de ahí que, si los impuestos se configuran bajo los principios antes detallados, podrían constituir un buen indicador de la capacidad contributiva de cada persona.