9 de desembre de 2014

Consecuencias del TTIP sobre la Salud.



por  Sandra Soutto



La UE tiene la obligación legal de proteger la salud pública en todas sus políticas y actividades, incluida la legislación que regula el mercado interior europeo de bienes y servicios. “

Con esta frase la Comisión Europea manifiesta lo prioritario que es para los órganos europeos la protección de la salud pública y lo hace constar en su página web. (1) De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), los sistemas sanitarios de cada país deberá velar por la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos, las comunidades, el medio ambiente físico y psicosocial, en el sector de la salud y en otros afines, y lo define de forma muy similar a la salud, en el preámbulo de su Constitución (2) dice:

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.»

Es decir, los sistemas sanitarios constituyen uno de los más importantes indicadores que nos permite analizar el estado de desarrollo de un país y el nivel del estado de bienestar que en el pueda existir. No debemos analizarlos de forma aislada ya que están estrechamente ligados al sistema fiscal, político y educativo, del país. No obstante, para la OMS estos sistemas han de mantener unos principios comunes a todos los países, que son:
  • Universalidad: dar cobertura a toda la población.
  • Equidad en la distribución de los recursos.
  • Coste eficiente: proporcionar el mayor nivel de salud al menor coste posible.
  • Mantener una atención integral: higiene y salud mental.
  • Prevención: asistencia primaria y terciaria para patologías agudas y crónicas.
  • Flexibilidad, para adaptarse a las necesidades de la población, y
  • Participación ciudadana en la planificación y gestión del sistema.

Veamos que nos dicen las estadísticas publicadas por la OCDE para el 2014 (3) sobre el porcentaje del PIB que ha dedicado cada país al gasto sanitario (público y privado).

3 de desembre de 2014

Hay que iniciar ya la transición energética

por David Hervás


La reciente publicación del Word Energy Outlook 2014[1] por la Agencia Internacional de Energía (AIE en adelante) el pasado 12 de noviembre, ha confirmado lo que se venía anunciando desde hace años [2]: ha llegado ya el inevitable agotamiento de los recursos energéticos no renovables baratos, principalmente los combustibles fósiles. Esto plantea un escenario futuro con una oferta decreciente de energía que no podrá cubrir una demanda de energía creciente en los próximos años.
 
“El sistema energético mundial corre el peligro de no colmar las esperanzas y expectativas puestas en él” [3], dice el primer párrafo del resumen ejecutivo. Y no es para menos, si observamos los siguientes escenarios futuros de producción de las distintas fuentes de energía no renovables, todos ellos sacados de informes oficiales:

30 de novembre de 2014

Convocatòria per una campanya contra els tractats TTIP, CETA i TiSA a Castelló.



La UE i els EEUU estan negociant d'esquena de la ciutadania un Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP en anglès), que suposarà no solament l'afebliment o l'eliminació de les normatives bàsiques europees en matèria de protecció laboral, sindical, alimentària, financeres, de propietat intel·lectual, socials i mediambientals, sinó un atemptat a la democràcia per part de les empreses multinacionals i transnacionals que pretenen assegurar els seus beneficis per sobre dels drets ciutadans i la conservació del medi ambient. I els drets humans de la ciutadania ja no significaran gens. Però és possible detenir-los, ja ho vam fer en 1998 quan la mobilització ciutadana mundial va impedir que se signarà l'Acord Multilateral d'Inversions (antecedent del TTIP a escala global).
Com el TTIP encara ha de ser acordat i ratificat pels estats afectats ATTAC PV- Castelló i CoopComUJI criden a les associacions, organitzacions polítiques, sindicals , socials i plataformes ciutadanes de la província de Castelló a formar un front actiu d'oposició a aquest i a altres tractats de similars característiques, com el CETA i el TiSA, i a col·laborar amb la resta de ciutats i regions de l'estat espanyol que ja ho han fet. Per aquest motiu, us convoquem per dimarts vinent dia 2 de desembre a les 19:00 h a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes de la UJI (Av de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana – Castelló).

20 de novembre de 2014

Consecuencias del TTIP sobre los derechos laborales y sociales


 Sandra Soutto.

La Comisión Europea, en su web, define el TTIP de la siguiente forma: El TTIP tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar esas barreras supondrá crecimiento económico, creación de empleos y una disminución de los precios.

Además, dice: “la economía europea podría beneficiarse con 119.000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95.000 millones de dólares.” Es decir, cada familia europea podría obtener una media de 545€ de ingreso extra. Y la creación de ciento de miles de empleos, concretamente, de 1.300.000 empleos en la UE y 144.000 en España (frente a los 26 millones y 5,4 millones de parados que hay respectivamente en ambos estados). Pero no dice cuanto tiempo es necesario para obtener dicho resultado, y si ajustamos los cálculos para un horizonte temporal amplio (de 10 a 20 años), las cifras de puestos de trabajo que se crearían serían ridículas. Por otra parte, un estudio independiente de Tufts University estimó que podrían llegar a perderse un millón de empleos directos, lo que se ajusta a la experiencia vivida con otros tratados como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio e Inversión entre EEUU, Canadá y México).

Este tipo de tratados pretenden que las mercancías y los capitales circulen libremente entre los estados implicados, y proteger las inversiones extranjeras que se realicen en los mismos. Por ello se suprimen barreras y aranceles, se armoniza la reglamentación existente buscando los puntos comunes, que no son otros que los mínimos comunes de las distintas materias, creando un marco jurídico que socava los principios de la democracia. Entre los principios que rigen estos tratados nos encontramos con:
  1. El principio de igualdad se pierde entre las relaciones de poder, ya que al proteger las inversiones se protege más a las transnacionales que a las empresas locales.
  2. El estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero, al que deberá darle un trato justo y equitativo.
  3. Los inversores nacionales no pueden recibir ayudas del estado que les ponga en mejor posición que al inversor extranjero, es decir, lo que se de a los nacionales se deberá de dar también a las transnacionales.
  4. De acuerdo con el principio de no discriminación, de existir un acuerdo que beneficie más a los inversores de un estado, estas mismas condiciones deberán hacerse extensivas al resto de inversores de otros estados. Esta es la llamada cláusula de nación más favorecida, incorporada en todos los tratados bilaterales.
  5. Los inversores podrán demandar a los estados no sólo por incumplimientos del tratado, sino también por incumplimientos contractuales provocados por decisiones políticas emanadas de los órganos de gobierno de dicho estado, por ejemplo, cualquier medida de protección del medio ambiente, de regulación financiera o de relaciones laborales. Esto se conoce como la cláusula paraguas.
  6. Las expropiaciones directas o indirectas, o la paralización de una explotación hecha a un inversor extranjero deberá ser indemnizado de forma ágil y eficaz, tanto por el gasto ocasionado como por lo dejado de ganar (daño y lucro cesante).
Los efectos son evidentes, se favorece al comercio transnacional frente al local, provocando una pérdida de puestos de trabajo relacionados con las pequeñas y medianas empresas locales. La oferta de bienes y servicios se concentra en unos pocos, desapareciendo la competencia en favor de los oligopolios; entonces los precios suben y los salarios bajan, porque son pocas las empresas que han de ponerse de acuerdo para fijar los precios.

15 de novembre de 2014

El déficit público es necesario para que los hogares y empresas puedan ahorrar

Por  Eduardo Garzón  Espinosa, economista del Consejo Científico de Attac España

La utilización de los flujos de Godley es una metodología que enfatiza el enfoque contable de la economía: cada transacción requiere una contrapartida (por ejemplo, una compra supone una venta, y viceversa). Este análisis divide a todos los agentes económicos del planeta en tres categorías: el sector privado nacional, el público, y el exterior. El sector privado nacional engloba a todas las empresas y hogares de una economía en particular. El sector público nacional contiene a todas las administraciones públicas del país en cuestión. Por último, el sector exterior reúne a todos los agentes económicos que pertenecen al resto de países. Lo que se analiza en todo momento con esta metodología es el saldo de cada sector, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Por ejemplo, si el sector público gasta más de lo que ingresa reflejará un déficit, mientras que si ingresa más de lo que gasta tendrá superávit. Lo mismo con los otros dos sectores.

Sin embargo, la clave de este análisis radica en que existe una relación determinada entre los saldos mencionados: la suma de los tres saldos debe ser igual a 0 por razones meramente contables. Expresado en forma de ecuación:

Saldo privado + Saldo público + Saldo exterior (Saldo balanza por cuenta corriente) = 0

Por ejemplo, imaginemos una economía que no tiene contacto con el resto de economías del planeta (o que envía al exterior tanto dinero como recibe) y que por lo tanto su saldo exterior es nulo. Como consecuencia, el saldo del sector privado será exactamente igual al saldo del sector público pero con signo invertido. O lo que es lo mismo, en este hipotético caso el Estado sólo podrá tener superávit público si el sector privado gasta más de lo que ingresa (es decir, si se endeuda). De forma inversa, la única forma de lograr que los hogares y empresas como conjunto ingresen más de lo que gastan (es decir, que ahorren) es presentando déficit el Estado (gastando más de lo que ingresa).

7 de novembre de 2014

Un acuerdo del que se habla muy poco: El TiSA



por Joana Ripoll. Attac Mallorca

El TiSA es un acuerdo multilateral que están negociando en este momento 50 países: Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Unión Europea.
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TiSA son las siglas en inglés de Acuerdo sobre Comercio de Servicios(1). El concepto servicios es una categoría muy amplia que incluye telecomunicaciones, educación a distancia, turismo, inversión extranjera directa (sucursal bancaria de un país en otro país, suministro de agua o energía por empresas transnacionales), movimientos de personas (enfermeras, empleadas del hogar, ejecutivos), etc. O sea que, a espaldas de la ciudadanía (ya que las negociaciones son secretas), se está negociando el futuro de los servicios que se pueden ofertar a los ciudadanos, entre ellos los públicos, sin que nosotros podamos intervenir para decidir según nuestros intereses.
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Y aquí cabe la pregunta: ¿es lícito comercializar los servicios, sobre todo los servicios públicos?
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Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Los servicios públicos suelen ir acompañados de una reglamentación que establece las bases de cómo deben realizarse dichos servicios, atendiendo a criterios de calidad, seguridad, protección del medio ambiente, justicia, etc
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Los acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de los ciudadanos.

2 de novembre de 2014

NO SE TRATA DE AHORRAR SINO DE GASTAR MEJOR.




 
Sandra Soutto.


Viene siendo habitual oir cosas como estas:

Si un hogar puede ahorrar consumiendo menos, el sector público también lo puede hacer.”

Pero ésto, no es más que una falacia, ya que el Estado no es como un hogar. Puesto que los ingresos que percibe una familia no dependen del gasto que realice. En cambio, los ingresos del Estado sí.

Veamos que pasa cuando reducimos el gasto público. 

De acuerdo con las experiencias vividas recientemente, los recortes en el gasto público se centraron en reducir: los salarios, las prestaciones, las ayudas, las subvenciones,....

 ¿Y qué efectos ha tenido sobre nuestra economía?

Al disponer de menos ingresos, los hogares y las empresas redujeron su consumo y su inversión respectivamente, cayó la actividad económica y se redujo la recaudación pública (IRPF, Impuesto Sociedades,...). Por ejemplo, recordemos que los recortes en los sueldos de los funcionarios provocaron una disminución de su consumo y las tiendas empezaron a quedarse con productos sin vender. Entonces, las empresas, que ahora, ya no necesitaban producir la misma cantidad de productos, encontraron que  sus plantillas estaban sobredimensionadas y empezaron a reducirlas. 

Además, en el País Valenciano llovió sobre mojado, ya que los recortes se sumaron a los impagos a proveedores acumulados por la Generalitat Valenciana, haciéndose más patente aquí el círculo vicioso que encadena más recortes con menos consumo e inversión, y estos con más desempleo y menos recaudación fiscal, y esta con nuevos recortes.

Es decir, una reducción del gasto público supone una reducción de la actividad económica y de la recaudación pública.


También se dice:

     Si un hogar puede ahorrar más ingresando más, el sector público también.”

Tampoco es completamente cierto, ya que cuando un hogar obtiene mayores ingresos, solo si no incrementa su consumo en igual medida, puede ahorrar. En cambio, desde que España ya no puede emitir su propia moneda, le cuesta mucho obtener ingresos

En un hogar, cualquier miembro del mismo puede salir a buscar otro trabajo o hacer horas extras, pero un Estado no. Y cuando éste pretende aumentar sus ingresos incrementando los impuestos lo hace a costa de los ahorros de  hogares y empresas, que deberán reducir su consumo para poder pagar sus impuestos. Por tanto, como en el caso anterior, cuando el Ayuntamiento ahorra recortando gastos lo que consigue es reducir la actividad económica, y con ello la recaudación pública.

En definitiva, los recortes en el gasto público y el aumento de impuestos no suponen una automática e inevitable reducción del déficit fiscal, más bien puede que éste aumente, puesto que la reducción del gasto reduce los trasvases de recursos del sector público a hogares y empresas, y si además, se aumentan los impuestos, la actividad económica caerá al caer el consumo y la inversión.

No debe olvidarse el efecto de los presupuestos restrictivos sobre las expectativas, ya que un presupuesto restrictivo tiene el mismo efecto que tendría el publicar en el Boletín Oficial del Estado el reconocimiento de que estamos en crisis promulgando la austeridad.  La precaución ante la crisis empujará a los hogares a no consumir, buscando ahorrar para solventar necesidades futuras. Las empresas no invertirán al no tener claro que vayan a obtener beneficios. Algunas, incluso tendrán serias dificultades de solvencia al no poder vender sus productos, despedirán a sus trabajadores y no podrán pagar sus impuestos. De esta manera, entre los impagos provocados por la disminución de la actividad económica y los impuestos que no se devengarán por el cierre de empresas, más el aumento de las prestaciones por desempleo, provocado por el crecimiento del desempleo, aumentará el déficit fiscal. 

Es decir, es la escasez de demanda la que ocasiona las altas tasas de desempleo, amparadas en un déficit público pequeño, respecto de los deseos de ahorro de familias y empresas.

Por consiguiente, si la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos afecta directamente a la actividad económica, ya que las empresas no podrán mantener su nivel de producción al no encontrar demandantes suficientes de sus productos, el problema no es que el gasto público sea excesivo, sino que su distribución no es la adecuada, pues se ha de dirigir a la generación de actividad económica, a crear empleo y garantizar las necesidades de la ciudadanía, buscando la justicia social (disminuyendo la desigualdad, y erradicando la pobreza y la precariedad laboral). 

Entones, ¿qué buscan las políticas económicas dirigidas a reducir el gasto público?   

Si al recortar el gasto público obtengo más paro, más pobreza y más desigualdad, una reducción del gasto público sólo busca imponer un determinado modelo social, dónde los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Y si queremos revertir estas políticas, el déficit fiscal es una necesidad económica.


¿Qué deben hacer nuestros Ayuntamientos?

Lo prioritario es :
  • Recuperar los servicios externalizados (como las notificaciones, la recaudación, la gestión del agua, el transporte...), con la finalidad de garantizar a la ciudadanía unos servicios dignos. 
  • Incorporar nuevos modelos de gestión a los servicios ofertados por el Ayuntamiento que garanticen la justicia social (disminución de la pobreza y la desigualdad)

  • Crear empleo público y garantizado en la prestación de servicios socialmente útiles y respetuosos con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que las actividades que generan más empleo son intensivas en trabajo humano (energía endosomática), y normalmente no son producidas por el mercado al no ser rentables económicamente para el sector privado. Además, el producto final de este trabajo puede ser un bien público.

Con los programas de empleo garantizado nuestro Ayuntamiento podrá ofrecer empleo a cualquier persona que quiera y pueda trabajar, sin importar su experiencia, su cualificación, su edad, su sexo, su renta, su religión, su origen...Es decir, nadie mejor que nuestro Ayuntamiento para saber que trabajos son los más necesarios en nuestra comunidad (servicios sociales, atención a dependientes, sanitarios, educativos, limpieza y rehabilitación de fachadas, transportes...), por lo que de él dependería asignar a cada desempleado un puesto de trabajo adecuado a sus habilidades. Tengamos en cuenta que estos trabajos son de baja cualificación, pero en el caso de que alguno de los demandantes de empleo precisara formación, también se la podría proporcionar la autoridad municipal, facilitando a cada trabajador el adecuado desarrollo de las tareas asignadas. En definitiva se trata de programas de empleo activo.

En cuanto a la cuantía de los salarios, estos deberán permitir unas condiciones de vida digna, y deberían ser uniformes para evitar la competencia, e impedir que disminuyan. El salario así configurado podría constituir el salario mínimo interprofesional.

Con el trabajo garantizado, se reducirían las personas desempleadas en la localidad y las distintas prestaciones que pudieran percibir por su condición de parados. Pero además, estas personas ahora empleadas colaborarían directamente en la reactivación de la economía a través del consumo, y aumentaría la recaudación pública. Este tipo de programas no tiene grandes costes (ver Eduardo Garzón Espinosa, "Coste y financiación del Empleo Garantizado"), pero en todo caso, debería ser el Estado quien lo financie a través de las correspondientes transferencias que nuestros municipios deben percibir del Estado y de las correspondientes autonomías.

 ¿Y los ingresos?

Sin olvidar que nuestros municipios deben percibir del Estado las correspondientes transferencias presupestarias, lo que debería ser la fuente principal de sus ingresos, analizaré algunas cuestiones tributarias necesarias para luchar contra la injusticia fiscal y social.
  
En cuanto a los ingresos hemos de recordar que una tributación justa se consigue cuando cada ciudadano contribuye según su capacidad económica en los gastos de su comunidad. Por lo que cualquier reforma tributaria que se acometa deberá de hacerse bajo el principio de progresividad, de manera que el que más tenga más aporte, y por ende sobre impuestos directos (IBI, Vehículos,...que entre otros signos de riqueza, deberían tener en cuenta los niveles de ingresos de los hogares y las potencias de los vehículos respectivamente). Dejando la imposición indirecta (Imp. sobre la construcción) y las tasas,  para incentivar o no determinadas conductas, como puede ser: incentivar la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética, mediante deducciones y exenciones, o también, penalizar las agresiones al medio ambiente y a cualquier actividad especulativa susceptible de crear burbujas financieras (como la sufrida en el sector de la construcción).

En este sentido es urgente gestionar las viviendas vacías que existen en el municipio, a fin de que las entidades financieras y sociedades, que poseen la mayor parte de estas viviendas, las movilicen a través de los fondos sociales de vivienda, o similares, para promover la vivienda social en alquiler, y a su vez, que nos permita disponer de un censo de viviendas vacías .

Una posibilidad sería la prevista por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por el PP en 2002, para los casos de las viviendas desocupadas, que aunque presenta algunos inconvenientes (como la definición de lo qué es exactamente una vivienda vacía, cuestión esta muy fácil de resolver si tenemos en cuenta lo ya legislado en otras autonomías, o simplemente contraponiéndolo al de vivienda habitual regulado en el impuesto sobre la renta de las persosnas físicas), permite aplicar un recargo de hasta el 50% en el IBI, como ha regulado la Junta de Andalucía (Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda).

Dicha gestión, también se podría impulsar a través de la tasa de basuras, como se ha implementado en Vitoria (Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa de Basuras, que aplica una tarifa mayor a los inmuebles con uso de "vivienda" en los que no figure ninguna persona empadronada a 1 de enero, fecha de devengo de la tasa).

Una pieza clave para la reactivación de la economía es la financiación, por eso es necesario impulsar una banca pública que cumpla funciones análogas a las que desempeño el Banco de Crédito Local entre 1925 y 1991 a través de la concesión de créditos a tipos de interés estables y baratos a las entidades locales. Tampoco debemos olvidar que a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), se puede obtener crédito a más bajo coste que emitiendo deuda, oportunidad que se debería aprovechar mientras nos lo permita la autoridad monetaria europea.

Pero todo esto no servirá de nada si no evitamos que la Unión Europea nos imponga los tratados de libre comercio e inversiones que esta negociando en secreto, y a espaldas de la ciudadanía, ya que afectan directamente a la capacidad de las entidades locales de gestionar sus servicios públicos y atacan las políticas municipales que establecen la preferencia para contratar con empresas y trabajadores locales. CETA, TTIP y TISA,  son las siglas con las que se conocen algunos de estos tratados, que constituyen un atentado a la democracia y a los derechos de la ciudadanía (laborales, medioambientales, sanitarios, privacidad...), por eso es necesario impulsar una moción contra cada uno de ellos y declarar la oposición a la aplicación del TTIP, del CETA y del TISA  en todos los municipios de España.



 

31 d’octubre de 2014

El TTIP: Desintegración de la Unión Europea, Desempleo e Inestabilidad


por Jeronim Capaldo                                                                                              ENGLISH Flag of the United Kingdom.svg
Global Development and Environment Institut, Tufts University

La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando actualmente el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), un acuerdo comercial que pretende integrar ambas economías.

Como viene siendo normal en los acuerdos comerciales, las negociaciones del TTIP vienen acompañadas por una serie de estudios econométricos que proyectan ganancias económicas netas para los países involucrados. En la Unión Europea, los defensores del TTIP han señalado cuatro estudios principales que proyectan pequeños beneficios netos a la vez que una substitución gradual del comercio intraeuropeo por un comercio transatlántico. Esto lleva a la Comisión Europea, el principal defensor del TTIP en Europa, a una paradoja: la propuesta de reforma política que implica llevaría a la desintegración económica de la Unión Europea.

El TTIP puede que además tenga otras consecuencias serias sobre sus miembros. Las publicaciones más recientes muestran que los estudios sobre el TTIP no son una buena base para tomar decisiones políticas, ya que se sustentan en gran medida sobre un modelo económico inadecuado.

Nosotros ofrecemos una evaluación sobre el TTIP basada en un modelo diferente, y en supuestos más plausibles sobre el ajuste económico y las tendencias políticas. Hemos usado el modelo de las Naciones Unidas de Política Global (United Nations Global Policy Model) para simular el impacto que tendría el TTIP en la economía global en un contexto de prolongada austeridad y bajo crecimiento especialmente en EEUU y la UE.

Nuestros resultados difieren dramáticamente de las evaluaciones preexistentes. Hemos encontrado lo siguiente:

El TTIP llevaría a pérdidas netas en términos de exportaciones netas hasta una década después de ser aprobado, comparado con el escenario “no TTIP”. Las economías del Norte de Europa sufrirían las mayores pérdidas (2,7 % del PIB), seguidas de Francia (1,9%), Alemania (1,4%) y Reino Unido (0,95%).

El TTIP llevaría a pérdidas netas en términos del PIB. De igual manera que con las cifras para las exportaciones netas, los países del Norte de Europa sufrirían la mayor reducción del PIB (-0,50%) seguidos de Francia (-0,48%) y Alemania (-0,29%). 
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El TTIP llevaría a pérdidas en los ingresos de los trabajadores. Francia sería la más perjudicada, con pérdidas de 5.500€ por trabajador, seguida de los países de Europa del Norte (-4.800€ por trabajador), Reino Unido (-4.200€ por trabajador) y Alemania (-3.400€ por trabajador).

El TTIP llevaría a pérdidas de puestos de trabajo. Calculamos que aproximadamente se perderán 600.000 empleos. Los países del Norte de Europa serían los más afectados (-223.000 empleos), seguidos de Alemania (-134.000 empleos), Francia (-130.000 empleos) y los países del Sur de Europa (-90.000 empleos).

El TTIP llevaría a una reducción de la participación de los salarios en el PIB, reforzando una tendencia que contribuye al actual estancamiento. Su contraparte es un incremento de la contribución de los beneficios y rentas en las ganancias totales, indicando que habrá una transferencia de renta del trabajo al capital. Las transferencias más importantes tendrían lugar en Reino Unido (7%), Francia (8%), Alemania y Norte de Europa (4%).

El TTIP llevaría a una pérdida en los ingresos públicos de los Estados. El exceso de los impuestos indirectos (como el Impuesto sobre el Valor Añadido) sobre los subsidios disminuirá en todos los países de la UE, con Francia sufriendo la mayor pérdida (0.64% del PIB). Los déficits públicos incrementarían su porcentaje en el PIB de cada país de la UE, empujando a las finanzas públicas cerca, o más allá, de los límites impuestos por el Tratado de Maastricht.
 
El TTIP llevaría a una mayor inestabilidad financiera y acumulación de desequilibrios. Con unos decrecientes ingresos de las exportaciones, con salarios a la baja y con la recaudación disminuyendo, la demanda tendría que ser sostenida por los beneficios y la inversión. Pero con un crecimiento del consumo débil, los beneficios no puede esperarse que vengan de un incremento en las ventas. Un supuesto más realista es que los beneficios y la inversión (mayormente en los activos financieros) serían sostenidos por el incremento en los precios de los activos. El potencial para la inestabilidad macroeconómica de esta propuesta es bien conocida por todos.

Nuestras proyecciones nos llevan a un futuro gris para los responsables políticos de la Unión Europea. Enfrentados a una mayor vulnerabilidad en el caso de cualquier crisis que viniera de los EEUU e incapaces de coordinar una expansión fiscal, tendrían muy pocas opciones para estimular la economía: favorecer un incremento de los préstamos privados, con el riesgo de dar lugar a mayores desequilibrios financieros, una devaluación competitiva o una combinación de los dos.

Llegamos a dos conclusiones finales. Primero, y como ya se ha sugerido en la literatura reciente, las evaluaciones existentes sobre el TTIP no ofrecen una base sólida para hacer importantes reformas comerciales. De hecho, usando un modelo de reconocido prestigio los resultados cambian dramáticamente. Segundo, buscar un incremento del volumen comercial no es una estrategia recomendable para la UE. En el contexto actual de austeridad, alto desempleo y bajo crecimiento, incrementar la presión sobre las rentas del trabajo dañaría todavía más la actividad económica. Nuestros resultados sugieren que cualquier estrategia viable para reconducir el crecimiento económico en Europa debe construirse sobre un importante esfuerzo político en apoyo de las rentas del trabajo. 
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Traducción : David Hervás.

Esta traducción se ha publicado en la web Tufts University:  http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_Spanish.pdf

Este artículo se ha publicado originalmente como  sumario ejecutivo del Working Paper nº 14/03 de  Tufts University Global Development And Environment Institute



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