27 d’agost de 2016

OTOÑO EN RESISTENCIA





 
¡Este otoño volvemos a las calles!
Semana de acción 8-15 Octubre 2016


Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, campesinas y políticas, jóvenes, hombres y mujeres de todo el mundo convocamos un otoño en resistencia para exigir la suspensión de los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU. Estamos convencidas de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales.[1] El otoño en resistencia global llama a la movilización popular frente a los tratados de libre comercio y por el fin de la impunidad de las multinacionales.


En Europa y en Canadá, este año hacemos especial hincapié en el CETA, el caballo de Troya del TTIP, que se ha negociado en secreto durante más de cinco años y pretende ser ratificado a finales de 2016. Tanto la Comisión Europea como algunos Estados miembros están empujando fuerte para que el tratado se firme cuanto antes. El gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente.[2]

Sin embargo, cuanto más se conoce el CETA mayor es la oposición pública y de algunos sectores concretos económicos y sociales, como el agrícola, pequeñas empresas o asociaciones de jueces, que han denunciado la ilegalidad de incluir tribunales privados para los inversores, como el ICS[3]. Además, ya son varios los Estados que por distintos motivos han expresado su opinión contra este tratado.[4]

A pesar de esta creciente oposición, la Comisión Europea pretende concluir este año la firma del CETA gracias al apoyo de otros Estados miembros, entre ellos el Estado español.

Dada la extrema gravedad de sus consecuencias, nadie puede mantenerse al margen, ya que afectará a todas las personas arrebatándoles su soberanía como pueblo. Este otoño vamos a visibilizar las voces de millones de personas que exigimos la suspensión del CETA, así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.[5]

Este otoño nos movilizamos en los cinco continentes. Es un otoño de resistencia con propuestas de otro modelo económico que ponen la vida por delante de cualquier otra decisión.

La  semana de acción en el Estado español tendrá lugar del 8 al 15 de octubre en distintos lugares sobre los que se informará a través de la web: www.noalttip.org así como del twitter: @noalttip




[2] Nuevas filtraciones. España pide aplicar rápido el TTIP de la UE con Canadá pese a las reservas de otros socios europeos: http://www.noalttip.org/nuevas-filtraciones-espana-pide-aplicar-rapido-el-ttip-de-la-ue-con-canada-pese-a-las-reservas-de-otros-socios-europeos/
[4] El acuerdo entre la UE y Canadá sigue adelante a espaldas de la opinión pública: http://www.noalttip.org/el-acuerdo-entre-la-ue-y-canada-sigue-adelante-a-espaldas-de-la-opinion-publica/
[5] Más info: www.noalttip.org


Campaña NO al TTIP 




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Articulos relacionados de este blog:                        


15 d’agost de 2016

Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD, 17-21 de julio, Nairobi, Kenya

 
Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América, y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.

Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.

El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante “tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial, ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés general.

Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza.

10 d’agost de 2016

SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA



¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.

Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política económica de los Estados miembros.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos. 

Las arbitrarias condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente. 

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficit ni los superávit presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.

28 de juliol de 2016

Principio de precaución y la “evidencia científica sólida”




 

Escrito por Sandra Soutto

Frases como: "Más vale prevenir que curar", y "Primum non nocere", que significa lo primero es no hacer daño, ilustran perfectamente lo que significa el principio de precaución, utilizado tanto para la autorización y regulación del consumo de productos, como de sus procesos productivos en la Unión Europea (UE), su finalidad es prevenir cualquier peligro que pueda existir para la salud humana, animal o vegetal, y el medio ambiente, en virtud del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), que se negocia entre EEUU y la Comisión Europea (CE), el principio de precaución se está tratando como una "barrera no arancelaria" que debe ser eliminado. 

Este principio que rige la toma de decisiones ante la existencia de un riesgo, pretende evitar cualquier peligro que pueda existir sobre la salud o el medio ambiente, así como los costes necesarios para implementar políticas que permitan la resolución de los daños causados sobre dichos agentes, y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria, ya que para su aplicación se deben dar las siguientes condiciones:

  1.     Identificación del riesgo y sus consecuencias.
  2.     Evaluación de los datos científicos disponibles.
  3.     Determinación del grado de incertidumbre.

Además, en la evaluación han de participar todas las partes implicadas, y deben ser revisadas en cuanto se disponga de nueva información científica.  De esta manera, en los casos en los que se adopte el principio de precaución, la carga de la prueba recae en el productor, fabricante o importador, quienes deberán demostrar la ausencia de peligro.

Sin embargo, existen otros criterios para evaluar los riesgos antes de tomar una decisión, como el basado en la evidencia científica sólida. Este es el criterio utilizado en EEUU, donde ante la ausencia de pruebas científicas concluyentes de un riesgo cierto, ya sea porque no se ha estudiado o porque no exista acuerdo entre los científicos, un producto puede ser  autorizado por el organismo regulador, sin que existan estudios que  avalen la ausencia de riesgo.

23 de juliol de 2016

40 plataformas ciudadanas y organizaciones denuncian la llegada a España del primer cargamento de gas de fracking estadounidense




Tras la llegada del primer metanero con gas de fracking de EEUU a Portugal a principios de primavera [1], el próximo día 22 de julio se espera la llegada de un segundo buque al puerto de Ferrol. Este acontecimiento está cargado de simbolismo, en la medida que representa el pistoletazo de salida a la importación masiva a nuestras costas de gas del otro lado del Atlántico. Según denuncian más de 40  organizaciones sociales y políticas*, esta senda que iniciamos con la llegada del metanero Sestao Knutsen, impedirá a buen seguro el cumplimiento de los ya exiguos e insuficientes objetivos climáticos europeos, y avanza en la dirección opuesta al espíritu del Acuerdo de París. 
El gas se almacenará en la planta de Reganosa, que cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación (a menos de 100 metros de las viviendas). El Tribunal Supremo Español, la declaró ilegal en dos sentencias y el gobierno en funciones, acaba de renovarle los permisos a base de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.


Gracias al empuje brindado por diversos gobiernos, entre ellos el español, en forma de atractivos marcos normativos y fiscales, la amenaza del fracking en Europa sigue vigente. A pesar de los abandonos por parte de diversas empresas, de la oposición institucional creciente en forma de prohibiciones o moratorias, y la consiguiente reducción en el número de permisos solicitados o concedidos, el fracking ya ha hecho una tímida incursión en nuestro continente. En Polonia, fuera del campo de interés de las empresas a día de hoy, se empleó la fractura hidráulica en un puñado de pozos. En Reino Unido el empleo de la técnica en Lancashire parece inminente, después de haber sorteado el gobierno la voluntad popular y municipal. En el estado español, hay varios permisos en estado avanzado de tramitación, y aunque el reciente abandono por parte de la empresa BNK de algunos de ellos han supuesto una victoria para el movimiento de oposición al fracking, la amenaza de ver los primeros pozos perforados en nuestro país sigue muy patente.

10 de juliol de 2016

ATTAC DEBATE ALTERNATIVAS A LA AUSTERIDAD: SOBERANIA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA



Escrita por Sandra Soutto





En ATTAC, el sábado 9 de julio debatimos el documento, “Mas recortes innecesarios para el Estado Español? Soberanía monetariapara construir otra Europa”, publicado hace unos meses en este blog y en la web de ATTAC España. Tarde, pero ha llegado, tranquilo y lleno de conocimiento, para compartir y ayudar a las personas.

El documento recibió algunas enmiendas que se resolvieron en un debate en el que se explicó, qué es el dinero, qué son los impuestos y la recaudación tributaria, el Banco Central, la banca, la deuda, y algunas cosas más. Pero el debate más intenso fue sobre los impuestos, cuyo pago es eludido con frecuencia por una sociedad insatisfecha, y cuya ubicación temporal respecto del gasto nos permitió disfrutar de grandes argumentaciones con ilustraciones incluidas.

Recordando la historia reciente del Estado Español, en la que era emisor de su propia moneda, y gastaba sin apenas impuestos, se contrapuso la situación actual del Estado, sin soberanía monetaria, donde se hace la recaudación tributaria necesaria para financiar el gasto.

Entonces, en la pizarra se dibujaron los flujos de los ingresos y de los gastos preguntando: 
 “¿Qué fue primero el gasto o el ingreso?
Con este esquema se ilustra como influye la posición y la capacidad de visión del sujeto que contesta a la pregunta, según sea parcial o total. Como en el cuento hindú “Tres ciegos y un elefante”, en el cual cada sabio ciego definía al elefante de distinta forma porque había tocado una parte distinta del animal, y carecía de una visión total del mismo: el que toco la cola decía que era una cuerda, el que toco la barriga decía que era como un tambor con cuatro patas y de piel con pelo para fuera, y el que tocó la cabeza pensó que era un tronco con dos mantas y dos lanzas frías y duras. Estas diferencias llevaron a un debate que se hacía interminable, pero como eran sabios decidieron recurrir a otro sabio que si había visto al elefante para que les describiera el animal y resolviera las diferencias, y así fue.

En el caso de los impuestos, es necesario gastar antes de recaudar, ya que no será posible atender al pago de impuestos si no disponemos del dinero que nos exige el Estado. Por tanto, el Estado necesita gastar para poder recaudar los impuestos.

29 de maig de 2016

IMPUESTOS Y GASTOS SOCIALES





Cada vez más se oye y lee a ONGs y diferentes organizaciones que exigen un nuevo impuesto cuya recaudación se destine a sufragar el gasto público social. Con ello se pretende reducir la desigualdad y la pobreza mundial. Pero esta acción de condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto concreto (son los llamados impuestos finalistas), no es posible ni existe en el mundo real, ya que el gasto público social lo decide el gobierno de cada Estado al elaborar los presupuestos generales de cada año, cuando aún no conoce la recaudación que obtendrá por cada impuesto en ese año.

Para que nos entendamos, los presupuestos generales del Estado, en adelante PGE, constituyen un instrumento fundamental de política económica, donde se planifica el gasto y se estiman los ingresos. Es decir, sólo son previsiones, donde los ingresos tienen un carácter estimativo y los gastos tienen un carácter limitativo, ya que las cantidades presupuestadas para el gasto solo podrán ser destinadas a los fines determinados durante su elaboración.

En el Estado español las instituciones públicas deben presentar sus propuestas antes del 1 de mayo de cada año, anterior al que se quiere presupuestar, claro , para su elaboración definitiva antes del 1 de octubre, fecha en la que se remite al Congreso de los Diputados y al Senado para su discusión, modificación y aprobación. Si nos centramos en un año, por ejemplo el 2016, es posible echar mano de la hemeroteca, y podemos comprobar que durante su elaboración en el 2015, no se conocían las cantidades recaudadas por impuestos ni del 2016, lo que es evidente, ni tampoco las del 2015.

Entonces, qué sentido tiene condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto del que no conocemos cual será la cantidad que finalmente se pueda obtener. ¿Acaso para ampliar el número de camas de un hospital o adecuar las instalaciones del mismo a las necesidades de la ciudadanía, se tiene que crear un impuesto nuevo?

25 de maig de 2016

Desvergonzado intento para institucionalizar disimuladamente el ISDS en toda Europa

  


Seattle to Brussels Network

Una nueva filtración  revela que cinco estados miembros de Unión Europea han propuesto la introducción del Sistema de Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS) para todas las inversiones transfronterizas dentro de la UE.

La Red Seattle to Brussels Network condena enérgicamente el indignante ataque a los sistemas legales nacionales europeos por parte de Austria, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos,  como una  muestra  más del sacrificio de la democracia y los derechos de los ciudadanos para complacer los intereses de las multinacionales.

Los gobiernos de Austria, Francia, Finlandia, Alemania y los Países Bajos proponen  institucionalizar el tristemente famoso Sistema de  Resolución de Disputas entre Inversores y  Estados (ISDS)  rechazado por millones de ciudadanos europeos en peticiones on-line  y en una consulta oficial sobre el TTIP planteada por la Comisión Europea a la ciudadanía europea.

La propuesta fue presentada el 7 de abril por representantes de los 5 países (Austria, Francia, Finlandia, Alemania y los Países Bajos, en adelante Los Cinco) en el Comité de Política Comercial de la UE, el cual se ocupa de la política de comercio exterior europea. En lo que parece para ser un esfuerzo concertado, la propuesta estuvo seguida por la publicación de una petición similar por la patronal europea Business Europe el 14 de abril.

El documento filtrado se refiere a una reunión técnica informal entre estados miembros que tuvo lugar el 1 de octubre de 2015 y propone celebrar otra reunión pronto para discutir sobre el documento. Los Cinco también se ofrecen para participar en la redacción de  un texto legal que refleje sus ideas.

La propuesta se hizo en el contexto de procedimientos de infracción emprendidos por la Comisión Europea  para dejar sin efecto los tratados de inversión bilateral entre viejos estados miembros de la  UE y nuevos estados miembros. Estos acuerdos, llamados  tratados de inversión bilaterales intra-europeos fueron firmados entre países europeos occidentales y países de la Europa central y oriental tras del derrumbe de los regímenes comunistas, y se han mantenido después de que estos países se han unido a la UE.

La Comisión Europea ha mantenido que estos tratados  están en contradicción con las leyes de la UE, crean discriminación entre estados miembros y agentes económicos y tendrían que ser rescindidos. Pero entretanto la Comisión no ha impuesto su criterio,  los inversores de los estados  miembros de la UE ya han denunciado a los gobiernos de UE en alrededor de cien ocasiones.

Los tratados bilaterales intra-europeos confieren a los inversores de la UE el derecho a  demandar a los gobiernos de los países de la UE en los que tienen inversiones ante tribunales de arbitraje internacional  para reclamar compensaciones por  cualquier política social, sanitaria o ambiental si creen que sus intereses han sido afectados. Estos  privilegios  perturban el mercado interno, discrimina contra ciudadanos e inversores domésticos y socavan la toma democrática de  decisiones  y el espacio político necesario para un desarrollo sostenible.

En vez de rescindirlos, sin embargo Los Cinco proponen que los tratados bilaterales intra-europeos sean reemplazados por un  intra-acuerdo global de inversiones de la UE que  expandiría los privilegios de los inversores a todo el territorio de la  UE (los  tratados bilaterales intra-europeoss existentes entre estados miembros más viejos y más nuevos  no cubren gran parte de la  inversiones transfronterizas dentro de la UE). Esto conduciría a una mayor proliferación, o peor, a una explosión del arbitraje inversor-estado que disuadirá a los gobiernos de tomar medidas en  interés de desarrollo  sostenible, y forzarles a utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar compensaciones por la adopción de medidas perfectamente legales y democráticamente acordadas.

En su propuesta Los Cinco estados afirman que:
  • las inversores transfronterizos necesitan más protección que sus propios ciudadanos y empresas, 
  • el sistema de arbitraje va a proteger a los inversores mejor que el  sistema legal nacional propio,
  • los inversores transfronterizos necesitan que se les concedan privilegios judiciales  para pleitear contra medidas perfectamente legales y acordadas por instancias elegidas democráticamente, todo ello a costa de los contribuyentes,
  • su propuesta es necesaria en apoyo dela posición negociadora de la UE en las negociaciones de comercio, y a  esto tiene prioridad sobre la necesidad de preservar el mismo ordenamiento legal para todos los ciudadanos de la UE.
Pero el caso es el opuesto. Los derechos y los privilegios dados a inversores en los bilaterales intra-europeos y en el intra-acuerdo de inversiones de la UE que los 5 países proponen:
  • discriminan a ciudadanos e inversores domésticos,
  • están basados en principios más  imprecisos que los que  se recogen en las leyes nacionales , que son interpretados  por los tribunales arbitrales de modo menos responsable e independiente de lo que suelen hacer los tribunales de justicia.
  • sirven a los intereses corporativos más que al interés público,
  • socavarán el espacio  político y la toma de  decisión democrática en la UE,
  • harán que los contribuyentes acaben pagando por  las decisiones arbitrales.
No tiene precedentes que Los Cinco propongan un tratado plurilateral entre los Estados  Miembros sin que participen las instituciones de la UE (incluyendo el Parlamento Europeo). Además, esta propuesta – que parece  ha sido redactado en connivencia con Business Europe – ha sido presentada  por 5 países en un Comité de la UE encargado de la política de comercio externo cuándo la propuesta de hecho trata  asuntos internos de la UE, como son  el comercio y la  inversión intraeuropea, así como el derecho, procedimiento judicial y democracia europea .

Ante todo lo expuesto cabe preguntarse si los intereses comerciales no han secuestrado la UE por completo.

Para más detalle y comentarios sobre la propuesta de Austria, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos: http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/The-AFFGN-non-paper-160515-1.pdf

Traducción: David Hervás

Fuente: http://www.s2bnetwork.org/intra-eu-bits-affgn-proposal/

22 de maig de 2016

¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?


  

La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:



EN VALENCIÀ




SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA
A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por encima de cualquier otro objetivo de política.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.

El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente.

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.

No obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.

El equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de carácter progresivo así como derivados de la persecución de la evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.

Los dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales.

Las políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas públicas para la gente.

Por todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.

Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona.

Las leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria todos sus esfuerzos.