8 de setembre de 2016

¡Un acuerdo transatlántico puede ocultar otro! Hablemos del CETA.






El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) es otro tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado con Canadá (acordado el 26 de septiembre de 2014), cuya ratificación está a punto de comenzar. Mucho menos conocido que el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), pero muy similar, ha sido considerado como tratado mixto, por lo que debe ser ratificado por el Parlamento europeo y por los parlamentos nacionales. Aunque una vez sea ratificado por el Parlamento europeo se podrá aplicar de forma provisional, sin necesidad de su ratificación por los parlamentos de los Estados miembros.
Con el CETA se pretende desregular los servicios públicos, las compras públicas, el derecho a la propiedad intelectual, la alimentación y la agricultura. El CETA no creará empleos, al contrario, e ignora los desafíos climáticos y sociales. Marca una etapa suplementaria en el desmantelamiento de los servicios públicos indispensables para la cohesión social. Introduce a las multinacionales de las dos orillas del Atlántico en el corazón de los mecanismos reguladores y les da la posibilidad de impugnar la soberanía ciudadana, fiscalizando el trabajo de los cargos electos. Pone en práctica la lógica del TTIP y facilita la entrada de este.

El CETA ataca a los servicios públicos  

1- En la contratación pública  
  • La apertura de las compras públicas europeas a las empresas canadienses y viceversa, supondrá la prohibición a las políticas de protección al comercio local. 
  • Exigiría nuevas obligaciones y procedimientos técnicos que dificultaría el acceso de las PYMEs al comercio.  
  • En la selección de ofertas prevalecería el criterio de coste sobre el desarrollo local y la transición ecológica.
2-  Servicios públicos
  • El agua, la energía, la salud y los servicios sociales, serán mercancías e impondrá la irreversibilidad de las privatizaciones

Con el CETA las multinacionales podrán demandar a los gobiernos cuando no consigan un gran beneficio:

  • A través de tribunales privados, que supondrán unos costes millonarios tanto para el inversor extranjero como para el Estado receptor de la inversión.
  • Con estos mecanismos se pretende expropiar el Gasto de los Presupuestos Públicos. 


"El CETA es una forma encubierta que tienen las empresas estadounidenses para oponerse a las normas y regulaciones de Europa a través de sus subsidiarias en Canadá." Council of Canadians.


27 d’agost de 2016

OTOÑO EN RESISTENCIA





 
¡Este otoño volvemos a las calles!
Semana de acción 8-15 Octubre 2016


Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, campesinas y políticas, jóvenes, hombres y mujeres de todo el mundo convocamos un otoño en resistencia para exigir la suspensión de los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU. Estamos convencidas de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales.[1] El otoño en resistencia global llama a la movilización popular frente a los tratados de libre comercio y por el fin de la impunidad de las multinacionales.


En Europa y en Canadá, este año hacemos especial hincapié en el CETA, el caballo de Troya del TTIP, que se ha negociado en secreto durante más de cinco años y pretende ser ratificado a finales de 2016. Tanto la Comisión Europea como algunos Estados miembros están empujando fuerte para que el tratado se firme cuanto antes. El gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente.[2]

Sin embargo, cuanto más se conoce el CETA mayor es la oposición pública y de algunos sectores concretos económicos y sociales, como el agrícola, pequeñas empresas o asociaciones de jueces, que han denunciado la ilegalidad de incluir tribunales privados para los inversores, como el ICS[3]. Además, ya son varios los Estados que por distintos motivos han expresado su opinión contra este tratado.[4]

A pesar de esta creciente oposición, la Comisión Europea pretende concluir este año la firma del CETA gracias al apoyo de otros Estados miembros, entre ellos el Estado español.

Dada la extrema gravedad de sus consecuencias, nadie puede mantenerse al margen, ya que afectará a todas las personas arrebatándoles su soberanía como pueblo. Este otoño vamos a visibilizar las voces de millones de personas que exigimos la suspensión del CETA, así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.[5]

Este otoño nos movilizamos en los cinco continentes. Es un otoño de resistencia con propuestas de otro modelo económico que ponen la vida por delante de cualquier otra decisión.

La  semana de acción en el Estado español tendrá lugar del 8 al 15 de octubre en distintos lugares sobre los que se informará a través de la web: www.noalttip.org así como del twitter: @noalttip




[2] Nuevas filtraciones. España pide aplicar rápido el TTIP de la UE con Canadá pese a las reservas de otros socios europeos: http://www.noalttip.org/nuevas-filtraciones-espana-pide-aplicar-rapido-el-ttip-de-la-ue-con-canada-pese-a-las-reservas-de-otros-socios-europeos/
[4] El acuerdo entre la UE y Canadá sigue adelante a espaldas de la opinión pública: http://www.noalttip.org/el-acuerdo-entre-la-ue-y-canada-sigue-adelante-a-espaldas-de-la-opinion-publica/
[5] Más info: www.noalttip.org


Campaña NO al TTIP 




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15 d’agost de 2016

Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD, 17-21 de julio, Nairobi, Kenya

 
Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América, y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.

Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.

El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante “tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial, ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés general.

Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza.

10 d’agost de 2016

SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA



¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?

A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.

Crisis y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.

En el caso de España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política económica de los Estados miembros.

El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de los casos. 

Las arbitrarias condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no especulativa.

La política fiscal a través del gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión, respectivamente. 

Las haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni los déficit ni los superávit presupuestarios eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.

28 de juliol de 2016

Principio de precaución y la “evidencia científica sólida”




 

Escrito por Sandra Soutto

Frases como: "Más vale prevenir que curar", y "Primum non nocere", que significa lo primero es no hacer daño, ilustran perfectamente lo que significa el principio de precaución, utilizado tanto para la autorización y regulación del consumo de productos, como de sus procesos productivos en la Unión Europea (UE), su finalidad es prevenir cualquier peligro que pueda existir para la salud humana, animal o vegetal, y el medio ambiente, en virtud del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), que se negocia entre EEUU y la Comisión Europea (CE), el principio de precaución se está tratando como una "barrera no arancelaria" que debe ser eliminado. 

Este principio que rige la toma de decisiones ante la existencia de un riesgo, pretende evitar cualquier peligro que pueda existir sobre la salud o el medio ambiente, así como los costes necesarios para implementar políticas que permitan la resolución de los daños causados sobre dichos agentes, y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria, ya que para su aplicación se deben dar las siguientes condiciones:

  1.     Identificación del riesgo y sus consecuencias.
  2.     Evaluación de los datos científicos disponibles.
  3.     Determinación del grado de incertidumbre.

Además, en la evaluación han de participar todas las partes implicadas, y deben ser revisadas en cuanto se disponga de nueva información científica.  De esta manera, en los casos en los que se adopte el principio de precaución, la carga de la prueba recae en el productor, fabricante o importador, quienes deberán demostrar la ausencia de peligro.

Sin embargo, existen otros criterios para evaluar los riesgos antes de tomar una decisión, como el basado en la evidencia científica sólida. Este es el criterio utilizado en EEUU, donde ante la ausencia de pruebas científicas concluyentes de un riesgo cierto, ya sea porque no se ha estudiado o porque no exista acuerdo entre los científicos, un producto puede ser  autorizado por el organismo regulador, sin que existan estudios que  avalen la ausencia de riesgo.

23 de juliol de 2016

40 plataformas ciudadanas y organizaciones denuncian la llegada a España del primer cargamento de gas de fracking estadounidense




Tras la llegada del primer metanero con gas de fracking de EEUU a Portugal a principios de primavera [1], el próximo día 22 de julio se espera la llegada de un segundo buque al puerto de Ferrol. Este acontecimiento está cargado de simbolismo, en la medida que representa el pistoletazo de salida a la importación masiva a nuestras costas de gas del otro lado del Atlántico. Según denuncian más de 40  organizaciones sociales y políticas*, esta senda que iniciamos con la llegada del metanero Sestao Knutsen, impedirá a buen seguro el cumplimiento de los ya exiguos e insuficientes objetivos climáticos europeos, y avanza en la dirección opuesta al espíritu del Acuerdo de París. 
El gas se almacenará en la planta de Reganosa, que cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación (a menos de 100 metros de las viviendas). El Tribunal Supremo Español, la declaró ilegal en dos sentencias y el gobierno en funciones, acaba de renovarle los permisos a base de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.


Gracias al empuje brindado por diversos gobiernos, entre ellos el español, en forma de atractivos marcos normativos y fiscales, la amenaza del fracking en Europa sigue vigente. A pesar de los abandonos por parte de diversas empresas, de la oposición institucional creciente en forma de prohibiciones o moratorias, y la consiguiente reducción en el número de permisos solicitados o concedidos, el fracking ya ha hecho una tímida incursión en nuestro continente. En Polonia, fuera del campo de interés de las empresas a día de hoy, se empleó la fractura hidráulica en un puñado de pozos. En Reino Unido el empleo de la técnica en Lancashire parece inminente, después de haber sorteado el gobierno la voluntad popular y municipal. En el estado español, hay varios permisos en estado avanzado de tramitación, y aunque el reciente abandono por parte de la empresa BNK de algunos de ellos han supuesto una victoria para el movimiento de oposición al fracking, la amenaza de ver los primeros pozos perforados en nuestro país sigue muy patente.

10 de juliol de 2016

ATTAC DEBATE ALTERNATIVAS A LA AUSTERIDAD: SOBERANIA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA



Escrita por Sandra Soutto





En ATTAC, el sábado 9 de julio debatimos el documento, “Mas recortes innecesarios para el Estado Español? Soberanía monetariapara construir otra Europa”, publicado hace unos meses en este blog y en la web de ATTAC España. Tarde, pero ha llegado, tranquilo y lleno de conocimiento, para compartir y ayudar a las personas.

El documento recibió algunas enmiendas que se resolvieron en un debate en el que se explicó, qué es el dinero, qué son los impuestos y la recaudación tributaria, el Banco Central, la banca, la deuda, y algunas cosas más. Pero el debate más intenso fue sobre los impuestos, cuyo pago es eludido con frecuencia por una sociedad insatisfecha, y cuya ubicación temporal respecto del gasto nos permitió disfrutar de grandes argumentaciones con ilustraciones incluidas.

Recordando la historia reciente del Estado Español, en la que era emisor de su propia moneda, y gastaba sin apenas impuestos, se contrapuso la situación actual del Estado, sin soberanía monetaria, donde se hace la recaudación tributaria necesaria para financiar el gasto.

Entonces, en la pizarra se dibujaron los flujos de los ingresos y de los gastos preguntando: 
 “¿Qué fue primero el gasto o el ingreso?
Con este esquema se ilustra como influye la posición y la capacidad de visión del sujeto que contesta a la pregunta, según sea parcial o total. Como en el cuento hindú “Tres ciegos y un elefante”, en el cual cada sabio ciego definía al elefante de distinta forma porque había tocado una parte distinta del animal, y carecía de una visión total del mismo: el que toco la cola decía que era una cuerda, el que toco la barriga decía que era como un tambor con cuatro patas y de piel con pelo para fuera, y el que tocó la cabeza pensó que era un tronco con dos mantas y dos lanzas frías y duras. Estas diferencias llevaron a un debate que se hacía interminable, pero como eran sabios decidieron recurrir a otro sabio que si había visto al elefante para que les describiera el animal y resolviera las diferencias, y así fue.

En el caso de los impuestos, es necesario gastar antes de recaudar, ya que no será posible atender al pago de impuestos si no disponemos del dinero que nos exige el Estado. Por tanto, el Estado necesita gastar para poder recaudar los impuestos.